Si el cáncer de México es la corrupción, es de considerar que el problema superior es la impunidad; pero si además agregamos la falta de un verdadero Estado de Derecho, los mexicanos tendríamos que estar preocupados en demasía.
Habrá que recordar que el Estado de Derecho es el principio por el cual la población mexicana debe cumplir las leyes y el Estado debe hacerlas cumplir por igual, garantizando así un estado de legalidad e igualdad.
Luego entonces, se tendrá que empezar por reconocer que en México no hay un Estado de derecho: no se cuenta con las condiciones óptimas para el pleno desarrollo de la población, no hay igualdad de oportunidades, el acceso a la justicia es deficiente y persisten las violaciones a los derechos humanos. Un Estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de las injusticias, ya sean grandes o pequeñas. También constituye los cimientos para lograr tener comunidades prósperas y en paz, con oportunidades iguales para todos.
“El Constitucionalismo Mexicano y el Estado de Derecho. Evolución y Perspectivas”, fue el tema sobre el que el destacado político mexicano, Mariano Palacios Alcocer, impartió una Conferencia Magistral el pasado miércoles en Expo Guadalajara, al atender la invitación que le extendió la Agrupación Política Nacional «Confío en México», que me honro en presidir.
El ex embajador de México en Portugal y El Vaticano, externó abiertamente sus opiniones, y preocupaciones por el momento que vive nuestro país bajo la égida de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De hecho, enumeró 10 retos por vencer en el México de nuestros días:
“Primero. Esta travesía de seguridad en nuestro país para consolidar un estado de derecho, nuestra generación está viendo que existe en el papel, pero escasea en la vida diaria.
Segundo. Advierto una concentración indeseable en el Poder Ejecutivo. Desde siempre el poder debe ser acotado, limitado, responsable y claro con la rendición de cuentas, cosa que advierto no ocurre en estos días.
Tercero. Es preocupante un talante autoritario y populista en la conducción de los asuntos públicos del país, se trata de economía los poderes del estado, los organismos constitucionales autónomos y no me importaría tanto que esta fuera la pretensión del ejecutivo, lo que me preocuparía es que los integrantes de los poderes legislativo y judicial o los organismos constitucionales autónomos cedieran a las presiones autoritarias del Ejecutivo. Creyente como soy del orden constitucional apuesto por el respeto de la soberanía en el congreso y de la máxima magistratura jurisdiccional garante de la constitución. Fustigar e inhibir a los medios de comunicación criticando y ensañándose con quienes opinan en contra. Es imperdonable que ahora exista una tribuna que denueste a los medios con esa figura ofensiva del “Quién es quién” en las mentiras patrocinada por el autor de muchas de ellas. Otro elemento preocupante es el debilitamiento de la sociedad civil, el fustigamiento a quienes tienen pretensiones de mejorar su educación, su trabajo, su empresa, o sus niveles de vida. El ser aspiracionista fue la característica de López Obrador al ser tres veces candidato a presidente de la República, pero el aspiracionismo no es un derecho exclusivo del presidente sino una potestad de cada individuo que lo abrace. Y finalmente los populistas procuran la creación de clientelas electorales bajo las dádivas del subsidio público. Todos los programas asistenciales entregan el dinero en mano, han venido a generar clientelas electorales que pervierten la calidad de la vida pública y democrática del país.
Cuarto. Desmantelamiento institucional del estado. No solo el Seguro popular, los fondos de emergencia, los fideicomisos en apoyo a la ciencia y a la tecnología, las pretensiones de desaparición de los organismos constitucionales autónomos nos pueden llevar a una política de reversión sobre el desarrollo institucional del país que fue el mejor legado del siglo XX mexicano.
Quinto. Es preocupante la creciente militarización del país en actividades que corresponden a la sociedad civil. Yo respeto enormemente a las Fuerzas Armadas, conozco el proceso de levantamiento de nuestros soldados y marinos que son hijos de las familias del pueblo, la creación del heroico colegio militar y en los principios de la lealtad y patriotismo para garantizar la seguridad nacional. Pero hoy se confunde seguridad nacional con seguridad pública y se les ha metido en actividades de aduanas, de puertos, de aeropuertos, la banca del bienestar, la Guardia Nacional, obras públicas, y se advierte la creación de una empresa militar. Creo que será conveniente que se cumplan las disposiciones del congreso en el sentido de que deben ser civiles los que coordinen la Guardia Nacional y en el sentido de que la presencia militar vaya regresando a los cuarteles en la medida en que la policía pública de orden civil vaya teniendo presencia y eficacia.
Sexto. Es preocupante la creciente ola de violencia y el enseñoramiento económico y político del crimen organizado en nuestro país. Aquello de que en dos años pacificaremos al país, de que haremos una política de abrazos no balazos, de becarios no sicarios cuando menos en la primera parte de la faena no ha tenido éxito.
Séptimo. Hay una creciente ola de impunidad y peor aún, de ejercicio voluntarioso de la actividad ministerial. Las actividades públicas de la Fiscalía General de la República han sido ampliamente criticadas y creo que es indispensable que la autonomía que se le ha concedido a este órgano constitucional autónomo no solo tenga vigencia en la constitución sino aceptación entre la ciudadanía.
Octavo. Advierto que hay una confusión entre las funciones de líder que debe ser sometido a las normas; en el Congreso constituyente de Querétaro se dijo necesitamos un presidente fuerte pero su fuerza debe ser sometida al derecho y el presidente confunde derecho con moral, cuando la norma no le conviene invoca valores personales y la moral representa principios adoptados de manera autónoma e interna y de ninguna manera obligatorios para los demás. Confunde su función de líder político con el de dirigente religioso. Las evocaciones de orden religioso no solo agravian al estado laico sino desdicen el carácter republicano del gobernante. Esta confusión entre moral, religión, derecho y política, constituyen un cóctel peligroso, basta dar un vistazo por los países musulmanes donde la política y el derecho son sometidos a la religión y los fanatismos imperan sobre el espíritu democrático y la dignidad humana.
Noveno. No están dadas las condiciones para una lucha democrática genuina. Hoy han emergido en la arena democrática el crimen organizado como autor privilegiado inimputable que con el recurso de la persuasión y de la fuerza pueden descarrilar candidatos, levantar operadores o ejecutar impunemente a los actores políticos. Pero, por otra parte, hay un activismo político desde el gobierno contra el que luchamos durante 40 años. Si los priistas -como me asumo serlo-, fuimos desmantelando la hegemonía del partido con reformas graduales para dar acceso a las minorías e incluso lograr la transición pacífica y reconocer las derrotas, hoy el actor fundamental que utiliza la fuerza del estado para inhibir a los adversarios puede estar más en el Ejecutivo que en los partidos.
Décimo. Y finalmente advierto una falta de presencia internacional de nuestro país. El presidente ha salido dos veces a los Estados Unidos, una a apoyar la reelección del presidente Trump y otra a hablar en el Consejo de Seguridad aspectos que debieron ser planteados en otros foros de las Naciones Unidas. Pero el canciller, hombre entrenado, inteligente, formado en el PRI, ha tenido que ser embajador en Estados Unidos, ha tenido que ser proveedor de vacunas, ha tenido que lidiar con los migrantes, y ha tenido que ser el operador de bolsillo del presidente de la República.
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