Integrantes de la bancada panista en el Senado de la República, denunciaron el pasado fin de semana que los médicos cubanos contratados por el gobierno mexicano, no comprobaron contar con título profesional que los acredite como expertos en salud, por lo que los pagos que se hicieron a la dictadura cubana son irregulares, y las autoridades involucradas en la contratación de esos 585 presuntos galenos para trabajar en hospitales COVID en México, deben acreditar que éstos cuenten con título profesional, además de aclarar lo relativo al pago por dichos servicios, que alcanzaría los 255 millones de pesos, y otras presuntas irregularidades en torno a un asunto de explotación laboral .
Legisladores de oposición al actual régimen, señalaron que en este caso, las autoridades actuaron en detrimento de la salud de la población y de los propios médicos mexicanos que están en la primera línea de atención a los pacientes, con jornadas extenuantes y que no perciben un pago justo por sus servicios, lo cual resulta contradictorio, dijeron, al tratarse de un trato diferenciado hacia los profesionistas nacionales.
“Por cada médico cubano se gastaron en tres meses alrededor de 437 mil pesos, es decir, 150 mil mensuales por cada uno. “Yo le pregunto al sector salud de nuestro país, ¿cuánto se les pagó por atender la emergencia al personal mexicano, hombres y mujeres con título y cédula profesional que estuvieron y siguen estando, al frente en los hospitales del país?”, cuestionó la legisladora sudcaliforniana Guadalupe Saldaña.
Añadió que además de esta situación, los médicos cubanos no recibieron el pago de forma directa, sino a través de su país, donde habrían sido contratados por menos de cinco mil pesos mensuales; “pudiera ser un recurso usado para financiar al régimen cubano y se hizo disfrazado para atender la pandemia en México”, expuso.
La legisladora panista sostuvo que esta información se desprende de una investigación realizada durante seis meses por el propio grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado, y se sustenta en documentos oficiales emitidos por dependencias e instituciones a cargo de los propios gobiernos de MORENA, así como órganos autónomos de arbitraje médico, donde se demostró que los supuestos profesionistas de la salud procedentes de Cuba, no cuentan con título profesional.
México pagó en euros a la dictadura cubana sumas millonarias por los servicios de los médicos que ofrecieron sus servicios en nuestro país para hacer frente a la pandemia por COVID-19. Lo grave del asunto, es la posible ilegalidad que lo envuelve, siendo que se ha cuestionado si los mencionados galenos cuentan con título profesional, pero aún más delicado, es que como ya se mencionaba, se podría haber constituido una grave falta a la legalidad, de encontrarse que este convenio que los gobiernos de la Ciudad de México y el régimen cubano firmaron, forma parte de las “misiones médicas” o un mecanismo parecido, que desde años atrás ha sido denunciado como formas de esclavitud a que son sometidos los médicos de la isla.
A este presunto caso de corrupción denunciando el fin de semana le llamaron el “Cubagate”.
Con información oficial, los legisladores de Acción Nacional sustentaron que se pagaron 255 millones de pesos por los servicios de 585 médicos que trabajaron en México durante tres meses, es decir, por cada uno se cubrió una suma de $437 mil 390 pesos en total.
El tema cobra relevancia, al recordar una publicación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en 2020 retomaron algunos medios de comunicación, y en la cual se menciona la explotación laboral y abusos que sufren médicos cubanos en sus misiones por el mundo: “Dos relatoras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron el 6 de noviembre de 2019 una carta al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, donde expusieron de manera “urgente” una relación de presuntos abusos de derechos humanos sufridos por médicos de Cuba que participan en misiones internacionales, como las contratadas entre abril y mayo en México por los gobiernos estatales de Veracruz y CDMX para atender la pandemia de COVID-19.
En su carta de noviembre, las relatoras se mostraron preocupadas por las “condiciones de trabajo y de vida que estarían afectando a los médicos cubanos” enviados a esas misiones, al presumir que “muchos” de ellos “estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadoras, (y) pagos salariales inadecuados. Además, muchos de estos profesionales estarían sometidos a presiones y a seguimiento por parte del Gobierno de su Excelencia”.
De acuerdo con el Diario de Cuba, el reclamo de las relatoras vino después de que en mayo de 2019 la organización Cuban Prisoners Defenders presentara ante la ONU diferentes pruebas y 110 testimonios de médicos cubanos que han desertado de dichas misiones y que han narrado los supuestos abusos a los que fueron sometidos por las autoridades cubanas.
Se mencionan además al menos nueve malas prácticas en estas misiones, entre ellas:
-Hay médicos que se sienten presionados para acogerse a dichas misiones y temen represalias por parte de Gobierno de Cuba si no participan.
Los médicos no reciben una copia de su contrato de trabajo.
-En los países donde el gobierno anfitrión paga directamente al trabajador cubano, éste debe devolver al Gobierno de Cuba un porcentaje de su salario que aumentaría al 75% o hasta el 90% de su salario mensual. En muchos casos, el salario entregado a los trabajadores médicos no permitiría vivir dignamente; Además, el Gobierno de Cuba estaría “congelando” una parte del salario que los médicos pueden acceder únicamente tras su regreso al país pero, según información recibida, muchas veces no reciben de la totalidad del monto que les corresponde.
-Los médicos trabajan 48 horas por semana más 16 adicionales de guardia, lo cual aumenta a un total de 64 horas semanales, muchas veces incluyendo sábados y domingos. El exceso de horas trabajadas ilustra la explotación laboral a la cual estarían sometidos los médicos cubanos en el exterior.
-La libertad de movimiento en el país de destino estaría restringido y bajo vigilancia por funcionarios del Gobierno.
El derecho a la privacidad estaría limitado por el control y seguimiento efectuado a los médicos, incluyendo la comunicación y las relaciones sostenidas con personas nacionales y extranjeras durante las misiones de internacionalización.
-En principio, los profesionales podrían regresar a Cuba de vacaciones una vez por año pero que dicho viaje sería muchas veces considerado como premio o según las circunstancias, podría ser negado como una forma de castigo.
Los médicos considerados desertores no están autorizados de regresar a Cuba durante ocho años y los familiares que permanecen en Cuba estarían sujetos a señalamientos y repercusiones por parte de entidades gubernamentales.
-Muchos profesionales reportaron recibir amenazas regulares por parte de funcionarios estatales de Cuba en los países de destino y mujeres médicas han sufrido acoso sexual mientras se encontraban participando en misiones.
De manera que, no sería extraño que la dictadura cubana, que cobró en euros, se haya quedado con un alto porcentaje de esos más de 437 mil pesos que habrían correspondido a cada médico. Y siendo así, efectivamente podría constituirse una forma de esclavitud que, no por ser una conocida práctica cubana, deja de tratarse de un acto ilegal e inhumano. Pero no sabemos hasta dónde esté dispuesto a llegar el grupo de senadores panistas, porque todo podría quedar en un ¡“Tirititito” nada más!
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