El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) continuará con el proceso de Revocación de Mandato 2021-2022, en cumplimiento a lo ordenado en los acuerdos emitidos por la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con lo anterior, quedan suspendidos los efectos del acuerdo del Instituto INE/CG1796/2021 del 17 de diciembre de 2021, ya que la Comisión de Receso de la SCJN ordena la continuidad de los trabajos de la Revocación de Mandato; mientras que la Sala Superior del TEPJF establece que el INE debe ajustar su presupuesto y, en su caso, podrá solicitar una ampliación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la que impone la obligación de responder a la brevedad, motivada y fundadamente, para garantizar la participación ciudadana en el proceso.
Sentencias abren nuevas vías al INE para obtener recursos y realizar la Revocación de Mandato
En sesión extraordinaria, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello destacó que las sentencias, tanto de la Comisión de Receso como de la Sala Superior, abren nuevas vías para que el INE obtenga recursos necesarios para la organización de este ejercicio.
“A la luz de lo establecido por la Comisión de Receso y por la Sala Superior se abren nuevas vías para que este Instituto, con solidez jurídica, pueda explorar lo que ha sido una demanda legítima, contar con los recursos necesarios por parte de las instancias competentes, en su momento la Cámara de Diputados y ahora la Secretaría de Hacienda, para poder realizar una Revocación de Mandato en los términos que establece la propia legislación”.
En caso de no obtener los recursos, añadió Lorenzo Córdova, de los acuerdos de la Comisión de Receso de la SCJN se desprende que el INE deberá hacer una Revocación de Mandato con los recursos que dispone: 1,503 millones de pesos.
Córdova precisó que, como lo ordena el Tribunal Electoral, las adecuaciones presupuestarias que realice el Instituto para llevar a cabo la Revocación de Mandato, no pondrán en riesgo, “ni las atribuciones constitucionales del INE, ni sus obligaciones legales, ni ninguna de sus obligaciones estatutarias en materia laboral”.
El INE va a hacer todo lo que pueda por cumplir a cabalidad las características del ejercicio establecidas en la ley; sin embargo, si no hay los recursos suficientes entonces se podrían instalar menos casillas, pero aseguró “habrá Revocación de Mandato si así lo piden las y los ciudadanos”, expresó.
El Consejero Presidente del INE afirmó que el Instituto siempre ha actuado con apego a la ley y siempre ha acatado las sentencias de los órganos judiciales, siempre, invariablemente.
Falso que el INE haya tratado de obstaculizar el ejercicio
En su intervención, la Consejera Dania Ravel recordó que “las tareas de revisión y verificación de la validez de los apoyos recabados nunca se han suspendido, pues para esta tarea hemos utilizado recursos del presupuesto 2021, a pesar de que esa actividad no la teníamos presupuestada”.
Acciones como ésta, sostuvo, “demuestran que el Instituto Nacional Electoral ha buscado garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este ejercicio de democracia directa. Es completamente falso que en el INE se haya tratado de obstaculizar este ejercicio, los hechos demuestran todo lo contrario”.
La Consejera Claudia Zavala resaltó que “nunca estuvo en duda que el INE llevaría a cabo la Revocación de Mandato, el tema fue cómo la íbamos a hacer y eso fue lo que pusimos a discusión de los tribunales respecto del modelo constitucional y legal que nos rige y la suficiencia presupuestal”.
Como autoridades del Estado mexicano, “vamos a seguir trabajando para la garantía del derecho con las condiciones que tengamos que generar y este proceso de Revocación de Mandato se lleve a cabo como si fuera una elección federal. No queda la menor duda que así lo haremos”, concluyó.
La garantía de los derechos político-electorales requiere de otras instituciones
El Consejero José Roberto Ruiz llamó a reconocer el esquema amplio y complejo de garantía de los derechos político-electorales. “No es exclusivamente facultad del Instituto por mera voluntad garantizarlos, sino que a su vez el Instituto Nacional Electoral requiere de la intervención y del apoyo de otras instituciones”.
En este sentido, destacó la gran enseñanza de la sentencia de ayer de la Sala Superior “la múltiple obligación y responsabilidad de instituciones de garantizar esos derechos”.
Al separarse de algunos párrafos del acuerdo presentado, el Consejero Martín Faz señaló que no acompaña “la visión de que existe una completa imposibilidad para llevar a cabo el proceso de Revocación de Mandato porque no se cuenta por ahora con los recursos suficientes para hacerlo, con los mismos estándares con los que este Instituto organiza las elecciones ordinarias”.
“La Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos permite hacer los ajustes y adecuaciones tanto presupuestales como operativos necesarios para realizar el ejercicio sin abandonar tales estándares, en los términos en que también ha sido resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
INE en tiempo y funcionando para organizar la Revocación de Mandato
Durante su intervención, la Consejera Carla Humphrey hizo un recuento del avance de las actividades del Plan y Calendario de la Revocación de Mandato, efectuadas por el INE hasta el 10 de diciembre y estimó que el Instituto se encuentra a tiempo y funcionando para celebrar este ejercicio. “Ahora es nuestra labor retomar ese ritmo de trabajo y conseguir cumplir con las actividades en tiempo y forma”.
“Tenemos que avanzar y, como lo he hecho, seguiré trabajando y proponiendo medidas para que cumplamos de manera eficiente y a menores costos, con nuestra obligación constitucional de organizar este proceso de Revocación de Mandato”, garantizó.
Al acompañar el sentido del acuerdo, la Consejera Adriana Favela subrayó que México tiene un sistema donde la autoridad administrativa electoral emite sus determinaciones y éstas pueden ser impugnadas ante las instancias jurisdiccionales. “Qué bueno que trabaja este sistema porque así, si hay algún tipo de inconformidad se puede ir a plantear ante los órganos jurisdiccionales”.
Además, celebró que la Sala Superior del TEPJF haya vinculado a la Secretaría de Hacienda para que, en su caso, el Instituto solicite una ampliación presupuestal. “El INE siempre ha estado en la mejor disposición de organizar este procedimiento de Revocación de Mandato, pero no se hace de la nada, se deben que tener los recursos para llevarlo a cabo”, manifestó.
Sentencias de órganos judiciales ofrecen salida a un problema de insuficiencia presupuestal
Las resoluciones judiciales tanto de la Sala Superior del TEPJF, como de la Comisión de Receso de la SCJN, “ofrecen un camino de salida a una situación que parecía no tenerla, creada por la insuficiencia presupuestal de una magnitud que no tiene precedentes”, sostuvo el Consejero Jaime Rivera.
“Hoy tenemos un camino con certeza dado por las autoridades oficiales para dos cosas: para solicitar ante la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal y para, en su caso, adecuar algunas de las condiciones de organización de este proceso de Revocación de Mandato, adecuarlas a nuestra suficiencia presupuestal”, reiteró.
Obligación del Instituto garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudanía
Al celebrar la presentación de este acuerdo, la Consejera Norma de la Cruz aseguró que el Consejo General cumplirá con sus obligaciones constitucionales. “Es nuestra convicción, es una obligación del Instituto garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudanía, como es la de participar en la Revocación de Mandato”.
Además, consideró, “debemos realizar un mayor esfuerzo y si tenemos que explorar otros escenarios, como la votación electrónica a la que hace referencia el artículo 46 y 49 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, por ejemplo, abrir el abanico a otras posibilidades sin afectar la certeza y que podamos garantizar el debido cumplimiento del derecho de la ciudadanía”.
En su intervención, el Consejero Ciro Murayama calificó como histórico el acatamiento respecto a la sentencia de la Sala Superior del TEPJF “porque subraya la preeminencia de los derechos humanos, en este caso, de los derechos político-electorales en nuestro orden jurídico, en nuestro orden constitucional y mandata a que el presupuesto se adecue al ejercicio de los derechos fundamentales y no al revés como algunos han pretendido”.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abundó, “ha dicho algo que podría parecer elemental pero que se está perdiendo de vista, que es que los derechos los tiene que garantizar el Estado en su conjunto y, si bien el INE es el encargado de organizar el proceso de Revocación de Mandato, hay otras instancias del Estado mexicano que tienen que dotar de esos recursos, concretamente ahora la Secretaría de Hacienda”.
En términos de los referidos acuerdos de suspensión dictados por la Comisión de Receso de la SCJN y la Sala Superior del TEPJF, el proceso de Revocación de Mandato deberá continuar, incluyendo todas sus etapas, realizándose con la disponibilidad financiera actual, por lo que se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas que, en el ámbito de sus atribuciones, continúen con todas las actividades inherentes conforme al Plan, Calendario y normatividad vigente, incluyendo todas sus etapas, dada la viabilidad financiera para aplicar recursos a este proceso.
