Como ya todos sabemos, la mayoría de los vehículos usados de procedencia extranjera que ingresan de contrabando a México, conocidos como autos “chocolate”, son unidades chatarra, que se desechan en Estados Unidos, porque ya terminaron su vida útil y no cumplen con las especificaciones técnicas para seguir en circulación”, sin embargo, en un afán recaudatorio -uno más-, el Gobierno Federal emitió un Decreto por medio del cual se autoriza la regularización de estos vehículos en nuestro país, siempre y cuando se cumpla con algunos requisitos que por cierto, aún no han quedado adecuadamente definidos.
Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), ha lanzado una alerta en este sentido, según señala el portal “Fortuna y Poder” del periodista Marco Mares, especializado en temas de economía.
Apunta que, “esta es la realidad sobre el fenómeno de la compra-venta de autos usados extranjeros en los estados del norte de México, un negocio ilícito que acaba de recibir un espaldarazo del gobierno federal mediante la expedición y publicación de un decreto presidencial, que ordena la regularización de unidades usadas importadas en siete estados del norte: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El Decreto, publicado el lunes 18 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que entró en vigor al día siguiente, establece que este programa aplicará únicamente en los estados norteños de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur.
El decreto no hace precisiones acerca de si los autos “chocolate” tendrán que cumplir con determinadas características de antigüedad para recibir el registro legal, solo refiere que la regularización aplicará para aquellas unidades automotores que ya estén en circulación dentro de territorio nacional al momento de publicación del decreto.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), “establecerá las facilidades administrativas necesarias para que la personas físicas (…) realicen las acciones legales para la aplicación del decreto”, refiere el documento pero sin precisar en qué consistirán dichas facilidades.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se coordinará con los gobiernos de los siete estados participantes para realizar el proceso de identificación y registro de los vehículos, de forma tal que estos cumplan con la importación definitiva.
El decreto publicado no se refiere al permiso que tendrán que pagar los propietarios y que el gobierno federal ha informado que costará 2,500 pesos por unidad.
Asimismo, la SSPC se coordinará con la SHCP y la Secretaría de Economía (SE) para hacer la difusión del programa entre la población objetivo, con el propósito de que los beneficiarios potenciales estén enterados y cumplan con el trámite.
Otra tarea que tendrá la SSPC consistirá en dar de alta a los autos “chocolate” en el Registro Público Vehicular (Repuve), como el resto de los vehículos que circulan en el país.
Los ingresos que se recauden por el registro de los autos “chocolate” tendrán el uso que indique la Ley de Ingresos de la Federación de 2022, y que el gobierno ha dicho que será el bacheo y acondicionamiento de vialidades en municipios de los siete estados considerados.
Ahora bien, de acuerdo a la publicación de Fortuna y Poder, no se ejerce ninguna medida de control en cuanto a la calidad de los vehículos que se van a regularizar. Se venden en grandes subastas miles de unidades. Empresas especializadas reciben los desechos de las aseguradoras que liquidaron la pérdida de los vehículos a sus propietarios por diversos siniestros y que afectan sus condiciones mecánicas y que, conforme a las normas de Estados Unidos, no pueden regresar al parque vehicular”, comenta en entrevista Guillermo Rosales, sobre el origen de los autos “chocolate” que llegan a México.
En suma, “son vehículos de desecho, cuyo único canal de colocación es desamarlos para reciclarlos en la industria acerera o mecánica o bien para exportarlos a regiones con debilidades institucionales como África, Centroamérica y México”, agrega el representante empresarial.
De ahí que el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador –el sábado 17 de octubre en Ensenada, Baja California— constituye un incentivo para el contrabando de automóviles usados, en lugar de que la federación emitiera medidas para frenar dicha práctica.
Guillermo Rosales recordó que los autos “chocolate” incumplen con las formalidades de los procedimientos aduaneros al llegar al país, conforme al Código Fiscal Federal, lo que resulta en un delito de contrabando de mercancías.
Contrario a los argumentos oficiales, en el sentido de que los vehículos usados importados son adquiridos por los trabajadores migrantes o bien por residentes mexicanos de bajos ingresos con propósitos de trabajo agrícola o comercial, el representante de los distribuidores aclaró que la mayor parte del fenómeno es responsabilidad de grupos organizados, cuyas actividades pueden clasificarse como “delincuencia organizada”.
Rosales Zárate, reconoce que, por tratarse de actividades irregulares, no existen registros confiables sobre la cantidad de autos “chocolate” que se comercializan en el país; sin embargo, la industria tiene un cálculo aproximado de 1 millón de unidades.
El resultado del decreto, que entró en vigor el martes, consistirá en que las ventas de autos nuevos y usados en el mercado legal pueden disminuir, además de que el mercado resentirá una reducción de precios, ya que al existir mayores inventarios de autos, quienes quieran vender sus vehículos usados por la vía legal no podrán colocarlo en el precio que esperan.
Lo anterior, sin olvidar el grave impacto ambiental por la circulación de unidades en malas condiciones técnicas.
En tanto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) analiza interponer recursos jurídicos para impugnar el mencionado decreto presidencial, por el que se van a regularizar los autos usados importados, también llamados autos “chocolate”, en siete estados del norte del país.
En opinión de la organización, las autoridades deben prohibir el contrabando de automóviles –como sucede con otras mercancías—, enfrentar las prácticas de corrupción en las aduanas y dotar de equipo tecnológico adecuado a los puntos de cruce fronterizo entre México y Estados Unidos, para identificar a los automóviles sospechosos de ser irregulares.
La AMDA también destacó la relevancia de conformar un programa integral para la movilidad en la frontera norte de México, en aras de “dotar de un sistema integrado de trasporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental”, en el que deberán participar los tres niveles de gobierno y el sector privado.
En resumen, de acuerdo con Rosales Zárate, lo que ordena el presidente López Obrador, al legalizar los vehículos de contrabando, afectará la venta de autos, nuevos, usados y hasta la venta entre particulares. La entrada en masa de vehículos con placas bajará los precios en toda la cadena de autos usados, afectando a los ciudadanos y al pago de impuestos federales y estatales, así como el medio ambiente. En definitiva no es una buena medida.
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