En lo que constituye un hecho histórico, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el litio será declarado como un recurso propiedad de la nación.
La reforma energética que envió el pasado jueves al Poder Legislativo indica que sólo el Estado Mexicano podrá explotarlo, aunque dijo, se respetarán los contratos firmados con los privados “siempre y cuando demuestren que ya empezaron a explotarlo”, ello a sabiendas de que no existen tales acciones ni documentos.
La nacionalización del litio está en ciernes.
López Obrador detalló que sin el litio, la industria tecnológica y la industria moderna no se podrán desarrollar, y se sabe que México tiene suficiente litio, por lo que esto permite, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, “dejar a los mexicanos este recurso para el desarrollo de México. Por eso tomamos esta decisión de que el litio sea de la nación, de todos los mexicanos”.
Para los que no lo tienen muy claro, el litio, derivado de la palabra griega LITHOS, que significa piedra, es un elemento metálico, blanco-plateado, y químicamente reactivo; siendo el más ligero en peso de todos los metales y de bajo punto de fusión.
Se encuentra presente en una amplia gama de minerales, aproximadamente 145 especies mineralógicas; sin embargo, sólo algunos poseen valor económico, siendo los principales: espodumena, ambligonita, lepidolita y petalita.
El elemento está presente tanto en pegmatitas, como en salmueras, pozos petrolíferos, campos geotérmicos, arcillas e, incluso, en los océanos.
Según cifras del gobierno federal, el principal uso del litio en México y en el mundo es en la manufactura de baterías, con el 39%; cerámica y vidrio, el 30%; grasas lubricantes, 8%; polvos fundentes de fundición en continuo y producción de polímeros, 5%; tratamiento del aire, 3%; y otros usos, el 10%.
Asimismo, la Real Sociedad de Química (Royal Society of Chemestry) de Reino Unido, indicó que el litio es de gran importancia debido a que se usa en la producción de baterías recargables para teléfonos móviles, computadoras portátiles, cámaras digitales y vehículos eléctricos; también se utiliza en baterías no recargables para marcapasos, juguetes y relojes.
Sin embargo, una vez que se combina con aluminio y magnesio, el litio se convierte en un material más resistente y ligero, utilizando la aleación de magnesio-litio para el blindaje, mientras que las aleaciones de aluminio-litio es empleada en aviones y trenes de alta velocidad.
Por su parte, el cloruro de litio se utiliza en sistemas de aire acondicionado y secado industrial. El carbonato de litio se usa en medicamentos para tratar la depresión, además de tener aplicaciones nucleares.
En 2018, la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía (SE) publicó un documento titulado Perfil de mercado del litio, el cual menciona que “en el presente, el país no cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación; sin embargo, en los estados de Baja California, San Luis Potosí-Zacatecas y Sonora se encuentran en etapa de exploración tres yacimientos que contienen este mineral”.
A finales del 2019 se anunció el hallazgo del yacimiento de litio más grande del mundo, el cual se ubicó al noroeste de Sonora, municipio de Bacadéhuachi, en los límites con Chihuahua; se estimó un total de 243.8 millones de toneladas del mineral en la zona y una vida útil de hasta 19 años.
En 2021, el Servicio Geológico de Estados Unidos señaló el suelo mexicano cuenta con 1.7 millones de toneladas de reservas mineras de litio, llamado a ser el “petróleo del futuro” por su importancia para el desarrollo de autos eléctricos.
Podría ser una buena noticia la nacionalización anunciada por el presidente, pero siempre y cuando se le dé un aprovechamiento adecuado por parte del Estado y es ahí donde surgen algunas dudas, aunque habrá que darles un voto de confianza.
También el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la industria eléctrica.
De acuerdo con el documento, los principales puntos que plantea la reforma a la Constitución son:
1. Modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, adicionando 9 artículos transitorios.
2. Destaca el objetivo de rescatar y fortalecer a la CFE y garantizar, a través de ella, la seguridad energética del país, así como hacer posible que haya electricidad a menor costo y para todos.
3. Elimina las empresas productivas subsidiarias y filiales de la CFE, que fueron producto de la Reforma Energética de 2013-2014, concentrando con ello en un solo organismos todas las funciones.
4. Asienta en el texto constitucional el mandato del presidente referente a que la CFE será la encargada de producir 54% de la electricidad total del país, dejando el restante 46% en la iniciativa privada.
5. La reforma desaparece los contratos de autoabastecimiento.
6. Elimina a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía.
7. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) formará parte de la estructura orgánica de la CFE, regresando con esto sus funciones a la empresa pública como estaba antes de la Reforma Energética de 2013.
8. La extracción y explotación del litio, mineral esencial para la fabricación de baterías para autos eléctricos y almacenamiento de energía, no serán concesionadas, sino que se reservan al Estado.
9. Relacionado con el punto anterior, las concesiones para oro, plata o cobre, permanecen pero no podrán explotar el litio.
Ahora bien, de acuerdo con especialistas, las modificaciones constitucionales constituyen una expropiación directa a la industria y dejan al sector en peor situación en comparación a como se encontraba antes de la Reforma Energética de 2013, ya que elimina los órganos regulatorios que ya existían.
“Es francamente expropiatoria, centraliza todo el poder en la Sener (Secretaría de Energía) y en la CFE (Comisión Federal de Electricidad)”, dijo Miriam Grunstein, socia fundadora de la consultora Brilliant Energy Consulting, quien explicó que, con la iniciativa, se anulan todos los procesos de pesos y contrapesos que tenía la reforma del ex presidente Enrique Peña Nieto.
“Estamos peor porque se eliminan los órganos de regulación”, agregó al referirse a la propuesta presidencial que, entre otras cosas, elimina a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), organismos reguladores autónomos del sector energético.
“Por lo menos antes había una voluntad de regular, ahorita hay una voluntad de empoderar”, agregó. “Aquí hay un empoderamiento ya franco, descarado, flagrante”, subrayó.
No es una reforma constitucional eléctrica, sino energética, en opinión de Víctor Ramírez Cabrera, analista del sector y vocero de la Plataforma México Clima y Energía (PMCE).
“En realidad es una reforma energética completa porque desaparece la CNH”, dijo en relación con el organismo autónomo encargado de regular y administrar los contratos petroleros firmados entre el Estado mexicano y las empresas que operan en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en territorio nacional.
Respecto al tema eléctrico, Ramírez Cabrera dudó que la CFE se vaya a ver beneficiada con el empoderamiento que le otorgan las reformas constitucionales del jefe del Ejecutivo.
“No hay ningún beneficiado, ni siquiera la propia CFE se ve beneficiada porque le están despachando todo. Ni siquiera significa que la vayan a modernizar, a invertir en ella o a corregir los conflictos que ya tiene la CFE, (como) la baja productividad”, aseguró.
“No vas a solucionar nada de eso, solo le vas a dar el poder”, añadió.
El especialista también consideró que la iniciativa puede ser una expropiación de activos que saldrá muy cara a los mexicanos, sobre todo tomando en cuenta no solo el precio de las instalaciones, sino por el monto del negocio.
“La indemnización del Estado mexicano por expropiación indirecta”, dijo. “No cuánto costaban las plantas, sino los ingresos esperados por los privados a futuro, es lo que el Estado mexicano debe pagar, no el valor de los fierros”, señaló.
n este sentido, calculó que dicho monto podría llegar a los 60,000 millones de dólares, solamente contando los proyectos productos de las tres subastas eléctricas de largo plazo y las empresas participantes en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
“El valor de los fierros es ‘n’, pero si tomas en cuenta la obra social, contratación de gente, créditos, el valor son los ingresos futuros, valor del contrato el costo se dispara”, abundó.
Una cifra muy parecida calculó Ana Lilia Moreno, coordinadora de Competencia y Regulación en la organización no gubernamental México Evalúa.
“Es una bola de nieve que no se puede frenar, (México podría pagar) 1 billón de pesos en indemnizaciones a privados, es lo que han calculado los fondos de inversión ante una expropiación”, citó la analista. Dicho monto, al tipo de cambio actual, se ubica por encima de los 50,000 millones de dólares.
Para Moreno, la reforma constitucional, tal como está planteada, representa un retroceso en el país en varios campos
Es un completo rediseño para retroceder 40 o 50 años. Un modelo cerrado, opaco, alejado de los ciudadanos, contrario a lo que presume el discurso.
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