No basta con que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el Gobierno Federal afirmen que en México sí se respetan los derechos humanos de los migrantes, cuando las imágenes que cada día dan la vuelta al mundo exhiben acciones tan lamentables que no solo han derivado en que países y organizaciones se pronuncien contra el proceder del actual régimen, sino que hasta el propio Vaticano ha hecho un enérgico llamado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que resuelva de inmediato y frene la violencia de que son objeto los miles de migrantes que cruzan la frontera en su intento de llegar a los Estados Unidos de América del Norte.
Este jueves, en el marco de la II Reunión Plenaria de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM), titulada “Buscando acciones conjuntas para una mejor gobernanza migratoria incluyendo el abordaje a la migración irregular”, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración sostuvo que “el Gobierno de México impulsa una visión de derechos humanos en donde la pluralidad es crucial y que el diálogo entre Estados permite consolidar las alianzas”.
Pero las alarmas estén encendidas por lo que transmiten los diversos medios de comunicación respecto a lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur, de ahí que el propio portal de noticias de El Vaticano, Vatican News, publicase este jueves una nota en la que se lee el siguiente muy duro y contundente texto:
“La Red CLAMOR envía una carta dirigida al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Asuntos Religiosos, en la que pide “soluciones alternativas” ante las conductas represivas, violentas y de contención de la migración en la frontera sur de México, particularmente en Tapachula. Además, solicita que se priorice el diálogo y se den respuestas acordes.
Red CLAMOR también rechaza que “se impida el libre tránsito por el territorio Nacional a quienes ya tienen una resolución favorable de su estancia legal en México”, pues esta situación afecta “tanto a la población local como a las personas migrantes, a quienes se les deja en un callejón sin salida”.
En dicha carta, se exhorta “a que lleven a cabo acciones concretas para atender a las personas en contexto de movilidad, respetando el debido proceso y de esta manera, se eviten y prevengan violaciones a los derechos humanos”, así como se exige “el respeto a la Constitución mexicana, que consagra el libre tránsito, para que, a quienes ya tienen una legal estancia en México se les permita transitar por el país en busca de opciones de residencia y empleo que les permita vivir con dignidad y acceder a los servicios básicos”.
La Red eclesial además exhorta al gobierno mexicano a recordar la condición de migrantes de muchos ciudadanos del país, dando así “muestras claras de hospitalidad y acogida”, y estableciendo “nuevas alternativas de regularización acordes que le permitan a la población migrante acceder a los derechos humanos que les asiste por su misma dignidad como personas”. Al mismo tiempo, pide el fin de la “represión, del uso de la violencia y el excesivo abuso de autoridad”, recordando la condición de seres humanos de los migrantes. Por ultimo, pide que el gobierno de México “se preocupe por atender las causas profundas que hacen que miles de mexicanos sigan hoy viviendo el drama del desplazamiento y deban enfrentarse a la migración para buscar en otro territorio la seguridad y las condiciones necesarias para vivir, que no encuentran en su país”.
Pero la postura de Red CLAMOR no es aislada, pues con el objetivo de promover políticas para la inclusión e integración en México de la población migrante, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) hizo un llamado al Estado Mexicano para garantizar sus derechos de protección internacional.
Ante los acontecimientos recientes en torno a personas en contextos de movilidad que se encuentran en la frontera sur, dicha Federación externó su preocupación por el excesivo uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.
Las agresiones hacia defensores y periodistas que están monitoreando y acompañando a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos; y la dilación en los procedimientos de solicitud de asilo y regularización migratoria orillan a las personas a vivir en condiciones precarias provocando la segregación económica y social, narran.
Exigen a los gobiernos federales, gobiernos locales y demás autoridades relacionadas en el tema, a considerar que vivimos una de las crisis humanitarias más graves a nivel mundial, la cual se ha agudizado por la pandemia por el nuevo virus Covid-19.
La agenda de migración y protección internacional requieren que los Estados prioricen en sus políticas de Estado los principios de solidaridad y de cooperación internacional para humanizar la gobernanza de la movilidad internacional, añaden.
Asimismo, plantean retomar los principios de la Resolución 4/19 aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, que particularmente destaca que los movimientos migratorios requieren formas de protección diferenciada e individualizada.
Demandan considerar aquellas experiencias locales identificadas como buenas prácticas como ejemplos para la atención, así como línea base para abonar a la construcción de propuestas integrales con enfoque de derechos y de forma intersectorial e intersecretarial.
También establecer mecanismos de coordinación entre la federación, los estados y los municipios para garantizar condiciones dignas en los albergues y lugares habilitados para la estancia de personas en contextos de movilidad, atendiendo a las diversas condicionantes que agravan su situación de vulnerabilidad.
Garantizar el acceso a oportunidades laborales, a la salud y educación de quienes se vean en la necesidad de tener una estancia prolongada en nuestro país, generar mesas de trabajo para la construcción interdisciplinaria de políticas públicas que den atención de fondo a la crisis migratoria que actualmente se vive, insisten.
Reiteran su compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como para el trabajo conjunto y contribuir al análisis y construcción de políticas públicas integrales dirigidas a garantizar los derechos de estos grupos de población y promover su inclusión e integración en México y la región.
Pero sin duda, quien dio la mejor lectura a lo que está ocurriendo en la frontera sur de México fue la Organización Human Rights Watch, que critico:
“Abandonar a familias vulnerables en una zona remota de la selva guatemalteca, sin dinero, alimentos ni albergue e ignorando sus solicitudes de asilo, evidencia nuevamente la falta de preocupación por los derechos humanos del Presidente López Obrador”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Durante su mandato, el presidente mexicano ha cooperado con algunas de las políticas más abusivas de Estados Unidos contra la inmigración. Ahora ha ido aún más lejos, reproduciendo políticas abusivas en la frontera sur de México con Guatemala”.
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