Alfonso Romo Garza dejará la Coordinación de la Oficina de la Presidencia de la República, así lo reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador en redes sociales.
Sin embargo, destacó que seguirá siendo su principal enlace con el sector privado.
“Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo“, señaló el Presidente de México en su mensaje.
Desde 2017, el reconocido empresario fungió como coordinador del Proyecto de Nación 2018-2024, así como coordinador de Estrategia y Enlace con empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
Romo es Ingeniero Agrónomo por el Tecnológico de Monterrey y hasta antes de enrolarse en el proyecto de la llamada Cuarta Transformación fue presidente del Consejo y Director General del Grupo Plenus, además de que ha sido reconocido por su apoyo a la recuperación de la Selva Lacandona, así como su compromiso con la educación y la labor social.
Desde el primero de diciembre de 2018, Romo Garza se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia, para posteriormente presidir el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.
Las polémicas de Romo
Durante su paso en el Gobierno Federal actual, Alfonso Romo se caracterizó por los distintos señalamientos que recibió por parte de ex funcionarios quiénes criticaban su manera de operar.
Uno de ellos fue Víctor Manuel Toledo quien lo acusó de bloquear proyectos ambientales y de transición energética.
Sin embargo, uno de las confrontaciones más polémicas fue con el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa quien en su carta de renuncia alertó de un “patente conflicto de interés” por parte de funcionarios, aclarando después que se refería a Alfonso Romo.
Así mismo, otro escándalo que llevó su nombre a los titulares fue la investigación periodística que reveló que una de las empresas que fundó obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola de la Península de Yucatán, lo cual causaría daños ecológicos en la zona.
