Tribunal Colegiado Federal libera a Giancarlo Álvarez Guzmán; tres integrantes de la familia siguen presos

Giancarlo Álvarez Guzmán, de 19 años, recuperó su libertad la noche del domingo 28 de junio de 2026, después de que un Tribunal Colegiado Federal ordenara sustituir la medida de prisión preventiva que pesaba en su contra. El joven había permanecido recluido en el cereso Venustiano Carranza de Tepic por más de dos meses, desde su detención el 17 de abril de 2026 en el municipio de Compostela, en la zona turística de Guayabitos.

La liberación de Álvarez Guzmán es resultado de un recurso de queja interpuesto por su defensa tras una audiencia de revisión de medidas cautelares del 18 de junio, en la que un juez de Control adscrito a Bucerías, Bahía de Banderas, insistió en mantenerlo bajo prisión preventiva. El Tribunal Colegiado resolvió por unanimidad que dicho juez no satisfizo el test de proporcionalidad ni ofreció argumentación mínima para sostener la medida, lo que constituía una violación al principio de presunción de inocencia.

En su resolución, el tribunal federal determinó que el juez de control debía fijar de inmediato una nueva audiencia e imponer una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, tomando en cuenta las pruebas aportadas por la defensa. El fallo señaló explícitamente que la resolución anterior equivalía a una "anticipación de la pena".

El caso de la familia Guzmán Franco, oriunda de Guayabitos, se origina en un conflicto por la posesión de un predio de 8 a 9 hectáreas de alta plusvalía turística que, según sus integrantes, habitan desde hace más de 50 años. El 17 de abril, personal de la Fiscalía de Nayarit y del Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA) acudió al predio, y cuatro personas fueron detenidas sin que, según la familia, mediara orden de aprehensión: la madre de Giancarlo, Alma Luz Guzmán Franco; su tío Luis Antonio Guzmán Franco; el trabajador Rubén Luna Jasso; y el propio Giancarlo. Los cuatro quedaron vinculados a proceso por los presuntos delitos de despojo de inmuebles y aguas, desobediencia, resistencia a particulares, delitos contra servidores públicos y asociación delictuosa en modalidad de pandilla.

La fiscal de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, ha sostenido en declaraciones públicas que los predios forman parte del patrimonio del FIBBA, fideicomiso creado para impulsar el desarrollo turístico en la región mediante Centros Integralmente Planeados. La funcionaria explicó que las operaciones de transmisión de esos terrenos, ocurridas entre 2005 y 2021, nunca se consolidaron legalmente, pues no existieron escrituras públicas de compraventa sino únicamente contratos privados ante notario. Además, señaló que los posesionarios incumplieron con las obligaciones del fideicomiso, acumulando adeudos superiores a los mil millones de pesos por penalizaciones, y descartó que se trate de una persecución política o de un despojo ilegal.

El Megaoperativo Nuevo Nayarit, marco dentro del cual se inserta este caso, ha permitido al gobierno estatal recuperar más de 961 hectáreas de terrenos en Bahía de Banderas y Compostela con un valor comercial estimado en más de 50 mil millones de pesos. En ese contexto, la Fiscalía Anticorrupción ha obtenido vinculaciones a proceso contra notarios, empresarios y funcionarios señalados de participar en el presunto desfalco al FIBBA. Sin embargo, el caso Guzmán Franco ha generado cuestionamientos sobre si las detenciones respetan el debido proceso, y ha llegado a la atención del Senado de la República, la Cámara de Diputados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La defensa de Giancarlo propuso durante la audiencia del 18 de junio que el joven cumpliera reclusión domiciliaria en casa de un familiar, a fin de continuar sus estudios universitarios de manera remota en el Centro Universitario de la Costa, con sede en Puerto Vallarta, además de atender una enfermedad que padece. Aunque el Tribunal Colegiado ya ordenó su liberación, Alma Luz Guzmán Franco, Luis Antonio Guzmán Franco y Rubén Luna Jasso permanecen detenidos, por lo que la familia y sus defensores anticipan nuevas batallas legales en los próximos días.