Renuncia de delegado de Semarnat en Nayarit podría escalar a lo penal

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, confirmó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se solicitó la renuncia de José Rentería González, representante de la dependencia en Nayarit, en medio de señalamientos por el manejo de permisos, concesiones y obras en playas del estado, entre ellas Playa Las Cocinas, en Punta de Mita.

El caso que detonó la revisión se remonta a julio de 2026, cuando Semarnat revocó la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre otorgada a la empresa Cantiles de Mita en Playa Las Cocinas, luego de acreditar obras e instalaciones no autorizadas. La dependencia ordenó entonces el retiro del enrocamiento y la restauración de la playa, en un conflicto que había generado acciones legales de comunidades y activistas para recuperar el acceso público a la zona.

Tanto la propia Semarnat como distintos medios han subrayado que la solicitud de renuncia no equivale, por sí misma, a una declaración de responsabilidad de Rentería González, sino que se enmarca en una revisión institucional más amplia sobre el manejo de permisos y expedientes en playas de Nayarit. Es decir, se trata por ahora de una decisión política y administrativa, no de una sentencia sobre su conducta.

Sin embargo, el trasfondo legal del caso es más complejo. En México, los actos de corrupción de servidores públicos se persiguen en dos planos distintos: las faltas administrativas, reguladas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), y los delitos penales de corrupción, previstos en el Título Décimo del Código Penal Federal. Este último contempla figuras como el ejercicio ilícito del servicio público, el abuso de autoridad, el uso ilícito de atribuciones y facultades, el tráfico de influencias, el cohecho y el enriquecimiento ilícito.

De manera concreta, el Código Penal Federal sanciona al servidor público que otorgue ilícitamente contratos, concesiones, permisos o licencias que generen beneficios económicos indebidos, así como a quien reciba dádivas a cambio de realizar u omitir actos vinculados a sus funciones. Si se comprobara que José Rentería González autorizó, toleró o facilitó las obras irregulares en Las Cocinas a sabiendas de que no cumplían los requisitos ambientales, podrían configurarse delitos como uso ilícito de atribuciones o abuso de autoridad.

El Código Penal Federal también prevé delitos ambientales específicos para servidores públicos que autoricen o permitan actividades que dañen ecosistemas o zonas protegidas sin los permisos correspondientes. En estos supuestos, además de prisión y multa, la ley contempla destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante varios años, lo que amplía el rango de consecuencias posibles más allá de la simple salida del cargo.

El tránsito de lo administrativo a lo penal no es automático. De acuerdo con los manuales del Sistema Nacional Anticorrupción, primero suele abrirse una investigación administrativa, a cargo del Órgano Interno de Control o la autoridad competente, para determinar si existieron faltas graves. Solo si esa indagatoria detecta elementos que también constituyan delitos, el caso se remite al Ministerio Público para integrar una carpeta de investigación penal formal.

Para que el caso de Nayarit avance por esa vía, no bastaría la renuncia del exdelegado: tendría que abrirse una investigación que acredite con pruebas conductas como haber autorizado permisos o concesiones sabiendo que no cumplían los requisitos, haber recibido beneficios a cambio de esos actos, o haber permitido de manera consciente obras ilegales en zona federal marítimo-terrestre. Semarnat aún no ha informado quién sustituirá a Rentería González al frente de la representación estatal.

El episodio vuelve a poner el foco en el manejo de las playas de la Riviera Nayarit, una de las zonas turísticas más dinámicas del estado, donde el control de las concesiones de Zofemat y los permisos de construcción en la costa han sido motivo recurrente de disputas entre desarrolladores privados, comunidades locales y autoridades ambientales.