
Un juez de enjuiciamiento con sede en el municipio de Texcoco resolvió restituir la vivienda ubicada en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de Candelaria Tlapala, municipio de Chalco, Estado de México, tras reconocer a Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota “N”, como la propietaria legítima del predio. La resolución corresponde al inmueble ubicado en la calle Hacienda La Labor, manzana 18, lote 20-B, y ordena la restitución inmediata a favor de la familia.
El caso, conocido públicamente como el de la “abuelita de Chalco”, se originó el 1 de abril de 2025, cuando Carlota “N”, de 74 años, junto con sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N”, acudieron al domicilio familiar para exigir la salida de un grupo de personas que, según la denuncia, habían invadido la propiedad meses antes. Durante la confrontación, la mujer disparó contra los ocupantes, lo que provocó la muerte de Justin Márquez, de 19 años, y de su padre, Esaú Márquez, de 51, además de dejar herido a un adolescente de 14 años.
Los hechos quedaron documentados en un video que se difundió ampliamente en redes sociales y que detonó un debate nacional sobre el despojo inmobiliario y la falta de respuesta oportuna de las autoridades ante denuncias de invasión de vivienda. De acuerdo con reportes previos, Mariana “N” había presentado una denuncia ante la Fiscalía Regional de Chalco desde marzo de 2025, e incluso se presentó acompañada de la policía municipal en el domicilio, sin que las autoridades ejecutaran entonces ninguna acción de desalojo.
Tras el doble homicidio, Carlota “N”, Eduardo “N” y Mariana “N” fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y procesados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, dentro de la causa penal 320/25. La audiencia intermedia programada para el 17 de septiembre de 2026 fue suspendida y aplazada por cuarta ocasión, quedando reprogramada para el 1 de octubre.
En marzo de 2026, la defensa de Carlota “N” obtuvo la modificación de su medida cautelar de prisión preventiva justificada a prisión domiciliaria, beneficio otorgado por su edad avanzada y su estado de salud, ya que la mujer padece hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Actualmente sigue su proceso desde un domicilio en el municipio de Chicoloapan, con un localizador electrónico en el tobillo, mientras que sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N” permanecen recluidos en el penal de Huitzilzingo, en Chalco, bajo prisión preventiva.
De forma paralela al proceso penal contra la familia, las autoridades mexiquenses también detuvieron y procesaron a personas señaladas por el despojo del inmueble. Uno de los investigados, identificado como Víctor “N”, ya fue condenado a seis años de prisión tras admitir su responsabilidad en el despojo del predio, en un fallo dictado en febrero de 2026.
El hijo de Carlota “N”, el abogado Arturo Santana, adelantó que en los próximos días la familia tomará posesión física de la vivienda para evaluar en qué condiciones se encuentra, pues aún hay pertenencias de las personas que la ocupaban ilegalmente. El caso ha cobrado relevancia nacional al inspirar el llamado “Movimiento Doña Carlota”, que agrupa a otras víctimas de despojo inmobiliario en el Valle de México.
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