Con el propósito de mejorar la atención jurídica y ampliar el acceso a la justicia para la población, se instaló el Consejo Técnico de Consulta del Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit. El acto fue encabezado por la secretaria general de Gobierno, Rocío Esther González García, en representación del gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero.
Este órgano, que preside la titular de la Secretaría General de Gobierno —quien asumió esa responsabilidad en 2023—, tendrá la responsabilidad de brindar asesoría y apoyo técnico al Instituto, así como contribuir al diseño, coordinación y evaluación de programas y proyectos orientados a mejorar los servicios de defensoría pública y asistencia jurídica en la entidad. La funcionaria ha encabezado antes la instalación de órganos consultivos de coordinación institucional, como el Consejo Consultivo Ciudadano para la Atención y Protección a Personas con Discapacidad de Nayarit.
El Consejo está integrado por la directora general del Instituto, Liliana Yaneth Sandoval Ramírez, quien funge como secretaria; Edgar Román Salazar Carrillo, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit; Elvia Ludmila Heredia Verdugo, fiscal general del Estado; Cintyhia Joselin Rodríguez Ramírez, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, y Norma Liliana Galván Meza, rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit.
De esta manera, el órgano reúne a la dirección del Instituto con representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Universidad Autónoma de Nayarit, a fin de articular el trabajo institucional en torno a la defensoría pública.
Con esta instalación, el Gobierno del Estado promueve la coordinación entre instituciones para fortalecer la protección de los derechos de las y los nayaritas, así como avanzar en servicios de orientación, asistencia y defensa jurídica más accesibles, particularmente para quienes necesitan el respaldo de la defensoría pública.
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