Ejido de Valle de Banderas exige pago justo por ocho carriles en Mezcales

Con aplausos, discurso y foto oficial, el entonces presidente municipal Héctor Santana anunció la ampliación a ocho carriles de la carretera Mezcales–San Vicente, obra considerada urgente ante el crecimiento acelerado que enfrenta Bahía de Banderas. Sin embargo, la falta de consulta previa con el Ejido de Valle de Banderas, propietario de parte de los terrenos afectados, desató un conflicto legal que hoy mantiene en vilo el proyecto.

Nadie cuestiona la necesidad de la obra. El tráfico en Mezcales y San Vicente está rebasado y la zona requiere vialidades acordes al ritmo de crecimiento poblacional y económico de la región. El problema, señalan las autoridades ejidales, no es el qué, sino el cómo: el anuncio se hizo antes de negociar con los 387 ejidatarios cuyas tierras serían utilizadas.

De acuerdo con el director de Obras Públicas, Ramón González Ureña, la ampliación tendría una duración aproximada de cinco meses y un costo cercano a los 43 millones de pesos. El proyecto contempla 17 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, 3,500 metros lineales de machuelos, 4,000 metros cuadrados de banqueta, 12,200 metros cúbicos de excavación, 6,000 metros cúbicos de base hidráulica, 7,000 metros cúbicos de terraplén y 6,100 metros cúbicos de subrasante, además de vados y cruces de alcantarilla.

La obra afectaría aproximadamente nueve hectáreas de tierra ejidal, lo que llevó a una comisión de autoridades del Ejido de Valle de Banderas a buscar al presidente municipal interino, José Israel Santillán Castañeda, para exponer el caso. En esa reunión también participaron Julio Santoyo, director de Desarrollo Urbano, y Juan Edel Castro Sotelo, subdirector de Catastro. La respuesta, según los inconformes, fueron evasivas y ninguna solución concreta.

Ante la falta de acuerdos, la directiva ejidal optó por la vía legal y promovió un amparo para que el asunto sea revisado por instancias federales, luego de que el diálogo directo con el Ayuntamiento no diera resultados. La medida busca garantizar que cualquier afectación a la tierra ejidal se resuelva conforme a derecho antes de que avance la maquinaria. Por lo anterior, la obra se encuentra detenida.

El caso también pone bajo la lupa al Cabildo de Bahía de Banderas, cuya función no debería limitarse a aprobar obras por consenso automático, sino a revisar expedientes, verificar la legalidad de los proyectos y detectar conflictos agrarios o patrimoniales antes de su aprobación. La Síndico Municipal, como responsable de la defensa jurídica del Ayuntamiento, también tiene la obligación de advertir sobre este tipo de riesgos legales.

El conflicto ocurre en un contexto político particular: Héctor Santana anunció la obra antes de solicitar licencia para buscar una posición en el Congreso del Estado, dejando el tema sin resolver a su sucesor interino. Mientras Obras Públicas presumía cifras y Desarrollo Urbano y Catastro conocían la situación desde el inicio, el Ejido quedó fuera de la conversación hasta que decidió judicializar el caso.

Las familias ejidatarias de Valle de Banderas piden que se les pague conforme a derecho por el uso de sus tierras, recordando que este núcleo agrario ha respaldado históricamente al municipio, incluso prestando inmuebles en sus primeros años de existencia. Para los inconformes, el desarrollo de Bahía de Banderas no puede construirse a costa de pasar por encima de quienes históricamente han sostenido al municipio con su tierra.