Bahía de Banderas: el laboratorio del conflicto socioambiental en Nayarit

La mañana en playa Las Cocinas, a unos kilómetros de Punta Mita, dejó de ser sólo mar, roca y tortugas. Vecinos y colectivos ambientales llegaron con pancartas para intentar frenar la construcción de un nuevo proyecto inmobiliario que, denuncian, avanza a unos metros del oleaje sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental. Del otro lado, un cerco de policías estatales protegía las obras mientras retroexcavadoras colocaban toneladas de roca sobre la franja costera.

De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana, Nayarit forma parte del corredor de megaproyectos extractivos que están detonando conflictos en todo el país, y la mayor concentración en el estado se ubica precisamente en Bahía de Banderas y la franja costera. Ahí, el modelo de “Riviera Nayarit” ha convertido ejidos y pueblos de pescadores en un escaparate de desarrollos de lujo que consumen grandes volúmenes de agua, ocupan la zona federal marítimo terrestre y reconfiguran el territorio a favor de grandes empresas turísticas e inmobiliarias.

Un mapa que prende focos rojos

El OCSA documenta, a partir de una base hemerográfica y un mapa interactivo, los daños ecológicos, sociales y episodios de violencia vinculados a proyectos extractivos en México. Entre 2017 y 2021 identificó cientos de megaproyectos –mineros, energéticos, de hiperurbanización y turísticos– que han detonado conflictos socioambientales, muchos de ellos con acciones colectivas de rechazo como protestas, litigios y denuncias públicas.

En el caso de Nayarit, la plataforma permite ubicar conflictos asociados a corredores turísticos e inmobiliarios en Bahía de Banderas, así como a proyectos energéticos en el sur del estado. La concentración de puntos en la costa contrasta con el discurso oficial que presenta la expansión turística como una historia lineal de “progreso y empleo” sin mencionar las disputas por tierra, agua y acceso a las playas.

Del ejido al resort: la otra cara de la Riviera Nayarit

Desde los años noventa, Bahía de Banderas ha sido laboratorio de fideicomisos y esquemas de conversión de tierras ejidales en fraccionamientos turísticos‑habitacionales de alto impacto. Investigaciones académicas describen cómo el fideicomiso Bahía de Banderas y grandes consorcios hoteleros y residenciales han transformado antiguos ejidos y comunidades costeras en complejos de lujo, desplazando a pobladores originarios hacia colonias periféricas o al otro lado de la bahía.

Un caso emblemático es Punta Mita, donde el desarrollo Four Seasons se levantó sobre tierras que pertenecían a comuneros de Corral del Risco. La promesa de “empleo y desarrollo” se tradujo para muchas familias en la pérdida de su territorio, en el encarecimiento de la vivienda y en la necesidad de aceptar trabajos precarios en hoteles y servicios, mientras el acceso tradicional al mar quedó restringido.

Este modelo ha consolidado lo que académicos y organizaciones de la zona describen como una geografía de “pueblos de primera y de segunda”: enclaves turísticos con campos de golf, marinas y servicios de primer nivel, rodeados de comunidades con infraestructura básica rezagada, transporte limitado y problemas crónicos de agua y saneamiento.

Agua para el turismo, pipas para los barrios

El agua es uno de los ejes más sensibles del conflicto. El OCSA ha documentado en el país decenas de casos de extractivismo hídrico ligados a megaproyectos, donde el abastecimiento de hoteles, industrias o ciudades privadas se prioriza sobre el consumo doméstico y comunitario. Bahía de Banderas y Puerto Vallarta aparecen como ejemplos de desvío de recursos hídricos para sostener grandes complejos turísticos con albercas, spas y campos de golf, mientras colonias populares dependen de pipas o enfrentan cortes frecuentes.

La Ley de Aguas Nacionales establece que el uso doméstico y el servicio público deben ser prioritarios, pero en la práctica los patrones de concesión y gestión del agua en la región favorecen a los grandes desarrollos turísticos, profundizando las desigualdades. Activistas socioambientales denuncian que, al mismo tiempo que se promociona la “sustentabilidad” de la Riviera Nayarit, se toleran sobreexplotación de acuíferos y procesos de salinización que comprometen la disponibilidad futura de agua para las comunidades.

Playas cercadas, manglares bajo presión

La expansión inmobiliaria sobre la costa ha implicado también la ocupación de la Zona Federal Marítimo Terrestre y de Terrenos Ganados al Mar, así como el relleno de humedales y manglares que funcionan como barreras naturales frente a huracanes y marejadas. En San Francisco (San Pancho), Profepa abrió procedimientos contra desarrolladores que construyeron sobre terrenos federales sin autorización, ordenando la pérdida de obras a favor de la nación y la restauración ambiental.

En playa Las Cocinas, el megaproyecto denunciado por vecinos se levanta en un área señalada por especialistas como sitio de desove de tortugas y hábitat de flora nativa, donde la colocación de escolleras y estructuras sobre la arena puede alterar corrientes, acelerar la erosión y afectar la anidación. Las organizaciones cuestionan que, pese a no contar con MIA autorizada, el proyecto haya avanzado protegido por un dispositivo policial estatal.

Planes urbanos “a modo” y captura institucional

La disputa no se limita a cada obra en lo individual. Diversos colectivos han denunciado que el Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas y otros instrumentos de planeación se han diseñado a la medida de intereses inmobiliarios, legalizando un modelo de hiperurbanización costera. En 2016, organizaciones ambientales alertaron sobre un plan urbano “depredador” que abría la puerta a mayor densidad y ocupación de la franja costera sin garantizar infraestructura ni protección ambiental para las comunidades del interior.

El OCSA y especialistas en derechos humanos hablan de “captura institucional” para describir situaciones en las que las autoridades actúan de facto como aliadas del capital turístico‑inmobiliario. Esto se refleja en cambios de uso de suelo exprés, omisiones frente a obras sin permisos, o en la criminalización de quienes se oponen a los proyectos, mientras que la estructura legal que facilita el despojo –como la Ley Minera o la propia Ley de Aguas Nacionales– permanece intacta.

Comunidades en resistencia

Frente a este escenario, comunidades y organizaciones han articulado distintas formas de resistencia. En el sur de Nayarit, el movimiento “No al Proyecto Ceboruco” agrupa a habitantes de varios municipios que se oponen a megaproyectos geotérmicos por los riesgos que representan para el agua, los suelos y la salud comunitaria. En la costa, vecinos de Punta Mita, San Pancho y otras localidades han recurrido a protestas, litigios, cartas abiertas y campañas en redes para visibilizar los impactos de los desarrollos y exigir acceso a las playas y transparencia en los permisos.

El informe sobre conflictividad socioambiental del OCSA recuerda que en al menos 27 conflictos en el país se han documentado asesinatos de personas defensoras del territorio, además de desapariciones, amenazas y campañas de desprestigio. Aunque en Nayarit los casos más graves aún están por sistematizarse del todo, la tendencia nacional muestra que la defensa del territorio se desarrolla en un contexto de altos riesgos y escasa protección institucional.

Lo que muestra el mapa y lo que no

El mapa del OCSA es, en sí mismo, una radiografía de la expansión extractiva en México: cientos de puntos que marcan proyectos y conflictos a lo largo del territorio, entre ellos los que atraviesan Nayarit. Pero lo que no aparece en el mapa –las historias de despojo, el miedo, la fragmentación comunitaria, las negociaciones a puerta cerrada entre empresas y gobiernos– es justo lo que las comunidades intentan contar cuando bloquean una obra, firman una carta o se plantan frente a una retroexcavadora.

En Bahía de Banderas, la disputa por playas, agua y territorio sintetiza una tensión de fondo: ¿desarrollo para quién y a qué costo? Mientras los folletos turísticos venden un paraíso exclusivo junto al Pacífico, el mapa de conflictos socioambientales y los testimonios de residentes muestran un territorio partido entre enclaves de lujo y comunidades que pagan las consecuencias ambientales y sociales de ese modelo.