En cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, los ayuntamientos de Guadalajara y Puerto Vallarta compensaron económicamente a los familiares de dos personas que perdieron la vida y en los que quedó acreditada la responsabilidad institucional.
Recomendación188/20 Dirigida al presidente municipal de Guadalajara, en ella se acreditaron violaciones de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica; a la integridad física y seguridad personal, por lesiones y tortura; a la libertad, en relación con la desaparición forzada o involuntaria de personas; a la vida, así como abandono de persona.
La CEDHJ estableció que policías de Guadalajara persiguieron a un joven que presuntamente no hizo caso al llamado y se echó a correr, entonces lo persiguieron y atropellaron para luego arrestarlo; lo maltrataron y abandonaron por la carretera a Chapala, donde falleció.
Esta defensoría pidió al primer edil “que garantizara la reparación integral del daño ocasionado a la víctima directa, así como a las víctimas indirectas, para lo cual deberán cubrirse todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes”.
Además de conceder la compensación, la autoridad brindó la atención médica y psicológica especializada a las víctimas indirectas, como medidas de rehabilitación.
Atendiendo otro punto recomendatorio, la Dirección de Asuntos Internos determinó destituir de sus cargos a los oficiales de policía involucrado en el suceso y se anexaron copias de la Recomendación a sus expedientes, con independencia de las acciones legales derivadas de los delitos cometidos;
actualmente se encuentran vinculados a proceso.
CASO VALLARTA
Recomendación 145/21 Por la violación del derecho humano a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad jurídica, al debido ejercicio de la función pública y a los derechos de niñas, niños y adolescentes, fue dirigida al presidente municipal de Puerto Vallarta.
Este órgano autónomo documentó que un menor de edad perdió la vida al sufrir una descarga eléctrica al tocar una luminaria tipo faro en la plaza pública de la colonia Las Juntas del citado puerto.
Esta defensoría solicitó se realizara a favor de las víctimas indirectas, madre, padre y hermanas del menor de edad fallecido (víctima directa); la reparación y atención integral del daño, lo cual fue atendido cabalmente por el ayuntamiento.
Asimismo, se acató lo relacionado con la realización de una sesión extraordinaria de cabildo, en la que se guardara un minuto de silencio en memoria del menor de edad fallecido.
También se ofreció una disculpa a sus familiares para honrar la memoria de una víctima inocente y despertar conciencia en las y los servidores públicos. Se acreditó una revisión exhaustiva a las instalaciones eléctricas y luminarias de la plaza Las Juntas, atendiendo el dictamen del perito, y se eliminaron factores de riesgo, tal como se solicitó.
Se tiene conocimiento que la autoridad municipal giró instrucciones para la apertura de un procedimiento administrativo contra varios servidores públicos responsables en la delegación de Las Juntas.
De acuerdo con la CEDHJ el área correspondiente implementó una bitácora de mantenimiento para registrar las revisiones y trabajos que se efectúen de forma constante y permanente a la instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, estructuras, bolardos, jardinería y luminarias de la plaza Las Juntas, para garantizar su óptimo funcionamiento; con la finalidad de evitar los factores de riesgo para la población, particularmente de las niñas y niños que acostumbran ir a jugar en dicho espacio público.
De las compensaciones otorgadas hasta el momento, más del 60 por ciento corresponden a casos de vulneración de derechos humanos en agravio de mujeres.
Durante la presente administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, se ha logrado la reparación integral del daño en más de 70 resoluciones, lo que representa un monto de más de 36 millones 467 mil pesos que diferentes autoridades han erogado de agosto de 2017 a la fecha, a favor de víctimas directas e indirectas por diferentes casos de violaciones de derechos humanos.
