Daniel Ortega, cuatro veces presidente de Nicaragua, se impuso en las elecciones presidenciales celebradas en Nicaragua el 7 de noviembre, luego de que al menos 39 líderes opositores fueran detenidos, incluyendo siete precandidatos a la presidencia. Así, asumió su quinto mandato presidencial, el cuarto consecutivo, el pasado 10 de enero, teniendo como únicos mandatarios asistentes al presidente cubano Miguel Díaz-Canet y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pero además contando con el guiño de Andrés Manuel López Obrador, que también envió representación.
Las elecciones del pasado 7 de noviembre en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega obtuvo un 75 % de los votos según los resultados oficiales, estuvieron rodeadas de numerosas irregularidades y se impidió participar en ellas a la mayor parte de la oposición, dictaminó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
La alta comisionada adjunta de la ONU en ese rubro, Nada Al-Nashif, aseguró que en esas elecciones Nicaragua perdió la oportunidad de avanzar “hacia una solución pacífica y democrática de la crisis política, social y de derechos humanos que afecta al país desde 2018″.
En lugar de ello, “el preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos durante el proceso electoral derivó en la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses para participar en las elecciones, especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder”, aseguró.
En el periodo electoral entre mayo y octubre, la oficina de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet documentó la detención arbitraria de al menos 39 políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles, entre ellos siete posibles candidatos a los comicios.
Todos ellos “fueron detenidos en base a disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”, subrayó Al-Nashif, quien denunció que 35 de esas personas siguen detenidas en el centro de prisión preventiva “Nuevo Chipote”, en las afueras de Managua.
“Muchos han sido detenidos en régimen de incomunicación durante más de 90 días, algunos en régimen de aislamiento prolongado, y sólo han podido ver a sus familiares en ocasiones aisladas”, lamentó la “número dos” del alto comisionado en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Las condiciones en las que permanecen estos detenidos suponen un riesgo real para su integridad física y psíquica, y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o incluso llegar a constituir torturas, afirmó en su intervención.
A estos arrestados la oficina de la ONU suma otros ocho activistas y periodistas detenidos durante el fin de semana electoral y en las jornadas posteriores, de los que sólo tres han sido liberados, mientras el resto están también recluidos en régimen de incomunicación.
La alta comisionada adjunta subrayó que todas las personas detenidas arbitrariamente “deben ser puestas en libertad de inmediato”, y también debe restablecerse la personalidad jurídica de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil que la perdieron en los meses previos a los comicios.
En este sentido, Al-Nashif recordó que tres partidos políticos perdieron su personalidad jurídica antes de las elecciones, “dejando a importantes grupos políticos que surgieron de las protestas de 2018 sin la capacidad de presentar candidatos”.
El régimen encabezado por Daniel Ortega, a quien el presidente de México le reconoció su “victoria” enviando a un representante a su toma de posesión, ha sido exhibido por la abogada Marta Patricia Molina, investigadora del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, tras presentar una recopilación de los 38 métodos de tortura que usa, especialmente contra presos políticos capturados después de abril de 2018.
La lista es un espeluznante recorrido por el sufrimiento humano. Desde introducción de cañones de fusiles por el ano, violaciones y abortos hasta arrancamiento de uñas y golpizas. Todos son casos denunciados por las víctimas, familiares u organismos de derechos humanos en los últimos cuatro años. La gran mayoría de los hechos expuestos fueron perpetrados contra presos políticos después de las protestas de abril 2018, y solo incluye dos casos anteriores a esa fecha.
Los 38 métodos de torturas expuestos son: 1. Desprendimiento de uñas con tenazas. 2. Reclusión en sitios inmundos con ratas, cucarachas y pulgas. 3. Asfixia con bolsas plásticas. 4. Permanecer desnudos. 5. Introducción a hombres de rifles por el ano. 6. Quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos. 7. Uso de alambres de púas. 8. Golpizas con puños y tubos 9. Intentos de estrangulación. 10. Permanencia en celdas subterráneas, oscuras y húmedas. 11. Golpes hasta producir hematomas y sangrado interno. 12. Aislamiento total. 13. Poca comida y agua. 14. Negación de medicinas o aparatos médicos a los presos políticos enfermos. 15. Sometimiento a fríos extremos.16. Entregan de comidas descompuestas, con vidrio e insectos. 17. Luz permanente para evitar el sueño. 18. Torturas psicológicas. 19. Sol 15 minutos cada diez días o más. 20. Negación de Biblia y artículos religiosos.
21. Defecar sobre la mano y luego depositar excremento en una bolsa. 22. Lenguaje soez. 23. Decomisan lentes para que no puedan ver bien y sufran dolores de cabeza. 24. Falta de atención médica a los presos heridos. 25. Colgamientos para golpizas. 26. Tocamientos y amenazas de violación. 27. No permiten comunicación con familiares ni abogados. 28. Violación sexual a mujeres. 29. Golpizas en los ojos. 30. Rapamientos. 31. Uso de bombas lacrimógenas y gas pimienta. 32. Interrogatorios diarios 33. Hacer las necesidades fisiológicas en un hoyo 34. Abortar. 35. Desprendimiento de dientes 36. Atarlos a una silla y proporcionarles golpes hasta que vomiten. 37. Inducción a presos comunes que hagan daño a presos políticos. 38. Acuchillamientos.
La Constitución Política de Nicaragua prohíbe expresamente la tortura. El artículo 36 establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”.
La abogada Molina llama la atención sobre la impunidad que hay en los casos denunciados. Ni uno solo de ellos ha sido investigado o llevado a juicio. “Esta es la característica principal de un Estado criminal que promueve la impunidad. Todos estos funcionarios públicos que andan cometiendo estos crímenes y actos de tortura lo hacen porque saben que tienen un respaldo del Estado, del sistema de justicia de nuestro país, que no se apega a derecho, que no respeta la constitución ni las leyes, ni todo el cuerpo jurídico internacional que Nicaragua está obligado a cumplir y respetar. Bajo este régimen es imposible que sean investigados”.
Dice que la intención de documentar los casos es “para que sirvan en futuros juicios e investigaciones y que la comunidad internacional se entere de lo que pasa en Nicaragua”.
Sanciones internacionales
La Unión Europea introdujo sanciones en octubre de 2019 para abordar el deterioro de la situación política y social de Nicaragua, y el lunes anunció que las había prolongado hasta el 15 de octubre de 2022.
Las mismas están dirigidas a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de derechos humanos o de represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones socavaron la democracia o el Estado de derecho.
Actualmente se aplican a 14 políticos y funcionarios nicaragüenses, incluida la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo.
Mientras que el Departamento del Tesoro de Estados impuso sanciones a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido Ochoa, al secretario de la Presidencia para Políticas Nacionales, Paul Oquist Kelley, y a la Caja Rural Nacional (Caruna).
El gobierno de Nicaragua no se ha expresado sobre esta ronda de medidas, pero el Presidente Daniel Ortega ha señalado en reiteradas ocasiones que las sanciones son agresiones a la soberanía del país y constituyen un acto de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua.
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