La inseguridad y la violencia que se desató tras declarase la llamada “guerra al narcotráfico” no solo han causado más de 346,000 muertes violentas en el país, también han propiciado el desplazamiento interno forzado de alrededor de 350,000 mexicanos. Estos desplazamientos se han dado principalmente de estados como Guerrero, Michoacán y Jalisco, entidades donde operan el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Pacífico, y la Familia Michoacana, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El desplazamiento interno forzado es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano, sin cruzar una frontera internacional.
Además de ser una violación autónoma de derechos humanos, por violar el derecho a circular libremente y a elegir el lugar de residencia, el desplazamiento interno forzado implica la vulneración de múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La situación de desplazamiento representa también una violación continua y sostenida a los derechos humanos, debido a que los impactos generados por el desplazamiento persisten hasta que las personas desplazadas internamente alcanzan una solución duradera, es decir, dejan de tener vulnerabilidades y necesidades de atención vinculadas a su desplazamiento. En este sentido, el hecho de retornar al lugar de origen o reasentarse en otra parte del país no es suficiente para poner fin a la vulnerabilidad de las personas desplazadas.
Cada año, miles de personas son desplazadas internamente en México. Se trata de individuos, familias y a veces hasta comunidades enteras que se ven obligadas a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad, muchas veces de forma invisible. En 2019, tras un largo periodo de omisión, el Estado mexicano reconoció oficialmente la existencia del fenómeno en el país y se comprometió a atenderlo de forma integral.
Desde entonces, diversas instituciones de la administración pública federal han empezado a realizar esfuerzos con el fin de planear y construir la respuesta gubernamental a la problemática.
A pesar de sus valiosos esfuerzos, que se suman a las iniciativas que ya existen en algunas entidades federativas, aún no existe un marco normativo especializado a nivel federal que determine la distribución de recursos y responsabilidades entre las distintas autoridades que, desde los tres niveles de gobierno, estarán encargadas de diseñar e implementar las políticas coordinadas de prevención y atención integral al fenómeno. Asimismo, hace falta un diagnóstico integral para dimensionar y caracterizar la situación de desplazamiento interno a nivel nacional.
Expertos en seguridad pública consultados por Expansión Política, advierten que a pesar de que el desplazamiento forzado ya fue reconocido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aún no hay políticas de Estado para atender este fenómeno que se refleja en que millones de mexicanos tengan que dejar sus comunidades de origen a causa de la violencia.
En la Cámara de Diputados se discutió y aprobó la Ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno que reconoce y garantiza los derechos de las personas desplazadas y establece las obligaciones de los tres ordenes de gobierno para prevenir y atender el problema. Sin embargo, fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda, del Senado de la República, donde aún se encuentra en proceso de análisis.
Óscar Rodríguez Chávez, experto del Colegio de la Frontera Norte y autor del texto “Invisibilidad de la migración y los deplazamientos forzados internos de México en la política migratoria entre México y Estados Unidos”, explica que a partir de que el entonces presidente Felipe Calderón desplegó su estrategia de seguridad en contra del crimen organizado, el desplazamiento interno forzado se ha acentuado.
A finales de 2006 cuando se da la guerra contra el narcotráfico, hubo un incremento en la violencia derivado de enfrentamientos entre criminales y fuerzas armadas y eso propició mayor violencia, incremento de homicidios, o extorsiones, y esta violencia generó el desplazamiento forzado de algunas comunidades”, explica en entrevista.
De acuerdo con la Comisión, los estados que más víctimas de desplazamiento forzado interno tienen, son: Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila. En estos estados operan grupos del crimen organizado como: Cartel Jalisco Nueva Generación, La familia, Los Viagra, Los Beltrán Leyva, El Cártel del Pacífico, Guerreros Unidos y el Cártel del Noreste.
En algunas entidades como Michoacán, en las últimas semanas se registraron episodios de violencia entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos en regiones de Tierra Caliente y Tepalcatepec.
En Zacatecas, pueblos enteros también han sido desplazados por la violencia que genera la disputa del territorio entre el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Sin políticas públicas para atender el problema
De enero a agosto de este año, la CMDPDH reporta que 11,561 mexicanos tuvieron que desplazarse de sus comunidades de origen.
“La CMDPDH estima que entre 2009 y 2020 hubo 357,000 desplazados por conflictos y violencia. Entre 2020 y 2021, estiman 37,000 desplazados en México”, dice Rodríguez Chávez.
Carlos Rubio, consultor especializado en seguridad pública y riesgo político en Integralia, asegura que si bien hay estados como Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato y Zacatecas en donde parte de su población se ha visto obligada a dejar sus comunidades de origen ante el clima de violencia.
“El gobierno federal no le está dando mucha atención a este fenómeno. Hasta hace unos años, la CNDH había dado visibilidad a este tipo de temas que pasan desapercibidos a la agenda como desaparición forzosa, desplazamiento forzoso, pero ahora estos casos no se están destacando porque la CNDH no está teniendo el mismo papel”, advierte.
Varios de esos mexicanos que han dejado sus comunidades de origen se han desplazado hacia estados fronterizos y posteriormente han buscado llegar a Estados Unidos. En albergues del norte del país es bastante común ver a centroamericanos, mezclados con mexicanos mientras esperan la mejor oportunidad de cruzar la frontera que divide a México de Estados Unidos.
De las más de 1.7 millones de detenciones que han hecho las autoridades migratorias de Estados Unidos de octubre de 2020 a septiembre de 2021 (año fiscal), el 37% han sido a migrantes mexicanos.
Al igual que cualquier otra víctima de una violación de Derechos Humanos, los desplazados internos tienen derecho a recibir asistencia y protección por parte del Estado, con un enfoque diferenciado dependiendo de su origen, edad o género.
Teniendo en cuenta cada una de sus necesidades, especialmente en el ámbito de protección, pueden sufrir riesgos de tensión entre las comunidades de acogida y las personas desplazadas, aumento de riesgos de violencia sexual y un mayor riesgo de que las familias se dividan y la utilización del desplazamiento como método o instrumentos por parte de grupos delictivos. Sin embargo, están siendo dejados a la deriva; pues como ya se ha dicho, no existen ni se plantean políticas públicas para atender este sector de la población, en tanto la CNDH que encabeza Rosario Piedra Ibarra, es un florero más bajo la égida del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tampoco ha mostrado interés por solucionar esta problemática.
Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1
