Un decreto inconstitucional, ilegal y opaco, violatorio de múltiples preceptos para favorecer las obras prioritarias de su Gobierno al etiquetarlas como de seguridad nacional a fin de agilizar permisos sin tener que pasar por revisiones ni autorizaciones de ningún tipo y sin rendir cuentas a nadie, fue el “acuerdo” que emitió el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado lunes. Pero como era de esperarse, las críticas y mecanismos legales para intentar contener este abuso y que constituye el acto más autoritario en lo que va del sexenio lopezobradorista, surgieron desde prácticamente todos los sectores y seguramente se dará una batalla igual o aún más ruda que lo que ha sido ante la contrarreforma eléctrica.
Ayer, decenas de organizaciones sociales calificaron de “inconstitucional” y “violatorio a los derechos humanos” y de carácter “neoliberal” al acuerdo presidencial por el que se consideran de “interés público y seguridad nacional” las megaobras de la actual administración, publicado el lunes 22 en el Diario Oficial de la Federación.
En un comunicado conjunto la organizaciones sociales dedicadas a la defensa de derechos de los pueblos indígenas, ambientales, territoriales, de las mujeres, de acceso a la información pública, a la libertad de expresión, a la defensa del territorio, entre otros, alertaron sobre los agravios que se derivarían de la aplicación del “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indica, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.
Las organizaciones llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al Congreso de la Unión para que “activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo para resguardar los preceptos constitucionales, tal como lo ha decidido del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)”.
Las organizaciones firmantes consideraron inconstitucional que con una norma administrativa “se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional y con ello se abra la posibilidad de reservar información relacionada con dichos proyectos”, ya que da lugar “a la opacidad y a la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos, genera un régimen de excepción en la regulación de proyectos públicos, y genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México”.
Recordaron que el Acuerdo ordena a las dependencias de la Administración Pública Federal a dar su “autorización provisional” para que arranquen las obras, “sin tener que esperar a que las licencias o permisos correspondientes sean otorgados bajo los procedimientos debidos”, lo que “fija un mal precedente al declarar como de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura que se consideren prioritarios y estratégicos, pues abre la posibilidad de que reserve información relacionada con éstos, sin reconocer que estas acciones deben llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificación procedería”.
Insistieron que lo que se pretende es “eliminar obligaciones a las que el Estado mexicano se ha comprometido y debe cumplir antes de otorgar cualquier tipo de autorización para megaproyectos, tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos”.
Considerar de interés público y prioritarias estas actividades por parte del Ejecutivo, se “contraviene de manera directa el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado mexicano se ha comprometido”.
Para las organizaciones en el fondo el Acuerdo “se suma a un marco normativo neoliberal vigente en México” como las leyes Minera, de Hidrocarburos, de la Industria Eléctrica, “que prevén estas actividades como de utilidad pública y preferentes frente a cualquier uso del territorio a costa de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables”.
Consideraron que el Acuerdo contraviene el artículo 6 constitucional, al declarar que son de “seguridad nacional” todos los proyectos y obras públicas a cargo del Estado, pues se “genera una aplicación restrictiva del derecho a información y máxima publicidad, pues posibilita que cualquier información pueda ser interpretada arbitrariamente como de seguridad nacional, y en consecuencia, clasificar a priori, toda la información relacionada con los mismos”.
En ese sentido, agregaron que dicha clasificación “rompe el principio de regularidad constitucional y contraviene los principios y disposiciones de la legislación de la transparencia y los tratados internacionales en la materia”.
Al recordar que de acuerdo a la legislación, las autoridades “cuyas responsabilidades específicas incluyen la protección de seguridad nacional”, pueden considerar reservar la información por “seguridad nacional”, las organizaciones apuntaron que el aval presidencial “posibilita que cualquier entidad pública que conozca, intervenga, genere o posea información sobre proyectos y obras públicas, puede invocar este supuesto como reserva dando paso a actuaciones discrecionales y arbitrarias por parte del Estado”.
Para las organizaciones resulta preocupante que el Acuerdo permite “una autorización provisional de proyectos, hasta por 12 meses, lo que limita el despliegue de mecanismos de control y de rendición de cuentas que deben seguir los proyectos u obras públicas, como los procesos de planeación, licitación y ejecución de los mismos”.
Agregaron que las obras y proyectos públicos no sólo impactan en el patrimonio público sino también “en la garantía de derechos y acceso a servicios por lo que deben ejecutarse de manera abierta, pública y respetando los procedimientos, reglas y requisitos previstos en los distintos marcos jurídicos para lograr su utilidad, eficiencia y calidad, que respondan a los problemas públicos, en condiciones de igualdad”.
Los firmantes insistieron en que “generar un sistema de excepciones que elimina los mecanismos de evaluación y control, pone en riesgo el cumplimiento de objetivos de los proyectos y obras públicas conforme a las necesidades sociales y la garantía de derechos humanos, pero también trasgrede la rendición de cuentas y genera un campo fértil para la opacidad y la corrupción”, frente a lo cual “la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en un sistema democrático auténtico”.
Puntualizaron en que “limitar los controles y mecanismos de prevención de la corrupción implica un manejo discrecional que impacta frontalmente en el ejercicio efectivo de los derechos humanos”.
Entre las organizaciones que firman el comunicado conjunto están Articulo 19, Alianza Mexicana vs Fracking, Alianza por la Libre Determinación y Autonomía, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Campaña Global “El Istmo es nuestro”, CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Estudios Ecuménicos, Colectiva Ley Minera #CambiémoslaYa, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Se sumaron al comunicado el Consejo Regional Totonaco; Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla; la Coordinación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, Cultura Ecológica; Equis Justicia para las Mujeres; Enlace Comunicación y Capacitación; Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Fundar, Centro de Análisis e Investigación; GESOC; Grupo Territorio, Género y Extractivismo; Indignación. Promoción y Defensa de Derechos Humanos; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Oxfam México; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación.
Asimismo firmaron el posicionamiento R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales; Serapaz, Servicio y Asesoría para la Paz; Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, a la que están afiliadas más de 80 organizaciones sociales del país. *Con información de medios
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