Andrés Manuel López Obrador informó que ya se envió la iniciativa de reforma en materia eléctrica que, entre otros temas, incluye el tema de explotación de litio.
“En esa misma iniciativa para la explotación de litio sólo va a poder hacerlo la nación. El litio que hay en el subsuelo de nuestro territorio, es de los mexicanos”, dijo el mandatario.
Asimismo, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), dio a conocer los puntos a destacar de la iniciativa.
En la iniciativa de decreto se modifican los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Con ello la CFE ahora será un organismo con “personalidad jurídica propia”.
“Se trata de rescartar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizar a través de ella la seguridad energética del país, en este caso de la industria eléctrica nacional y que sea posible que haya electricidad a menor costo para los mexicanos, que todos podamos tener acceso a electricidad y a mejores precios”, dijo en la ‘mañanera’.
La CFE será la encargada de producir y despachar el 56 por ciento de la energía que se genera en el país, dejando que el sector privado pueda participar hasta en un 46 por ciento.
Es decir, desaparecerán las subsidiarias anteriores de la CFE, queda un solo organismo que será el encargado de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica que se produce.
De acuerdo con López Hernández, la CFE se fortalecerá a través de la desaparición de los contratos conocidos como de autoabastecimiento.
“En realidad no eran asociados en la producción de energía eléctrica, sino eran clientes que resultaban beneficiados porque este tipo de productoras, entre otras cosas, no pagaban porteo ni se prorrateaba para ellos el costo de la transmisión de la energía”, indicó.
En ese sentido explicó que grandes cadenas comerciales o tiendas de autoservicio tendrán que adquirir la energía a CFE. Los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados, por lo que será el Estado el que intervendrá en la exploración y producción de estos, detalló el titular de Segob.
Asimismo, explicó que las concesiones que hayan sido otorgadas para la explotación de otros minerales, como el oro y plata, permanecen; sin embargo, esas no podrán ser utilizadas para la producción y explotación de litio.
“Hay ocho concesiones otorgadas a la fecha para la posible explotación de litio y quedarán vigentes siempre y cuando acrediten ante CFE y la Secretaría de Energía (Sener), que han iniciado el proceso de exploración y que están en los términos previstos para iniciar la producción”, sostuvo.
Ante ello, el funcionario indicó que informes reflejan que solo una de esas ocho concesiones cumplen con los lineamientos. “También desaparecen dos organismos que habían sido creados para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a los productores privados, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía”, dijo el funcionario federal.
La reforma energética de 2013 tenía entre sus principales objetivos atraer inversión privada, generar competencia y proporcionar un marco legal confiable y transparente, sin embargo, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador podría borrar de tajo estas condiciones, señalan expertos.
Consultores en energía, señalan que la primera gran diferencia que habría si se aprueba la iniciativa del presidente Obrador en comparación con la legislación de 2013 es que la Constitución Mexicana reconoce el derecho de los mexicanos a elegir su proveedor de energía eléctrica. Resulta que ahora la generación y suministro de energía eléctrica quedarían en las manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), eso implica desconocer un derecho de los mexicanos que ya se nos había sido reconocido.
Otro punto preocupante, coinciden la expertos, es la desaparición de órganos autónomos que regulen el mercado, ya que en ninguna parte del mundo existe algo como lo que quiere hacer la CFE.
La iniciativa establece un monopolio integrado por parte del Estado, se le da autonomía completa a la CFE para que se autorregule, cuando la reforma de 2013 había establecido un regulador autónomo e independiente.
Con la reforma de 2013, cualquier persona que tuviera los recursos tanto económicos como técnicos para desarrollar un proyecto podría generar y desarrollar energía, ahora dependerá de que el Gobierno tenga dinero para que se puedan desarrollar nuevos proyectos.
Y uno de los puntos más importantes es que la reforma de 2013 generó transparencia en los procesos, sabíamos cuánto valía cada kilowatt-hora que se generaba, y ahora parece ser que se va a volver un organismo del Estado que mantendrá opacidad.
Oscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO, apuntó que el espíritu de la reforma de 2013 buscaba acelerar las energías renovables en México y ahora todas esas inversiones estarán en el limbo.
“La reforma de 2013 tuvo mucho éxito al atraer 26 mil millones de dólares en inversión de energías renovables, esto se revierte con la iniciativa de reforma energética de AMLO, ya que se elimina el andamiaje institucional y los incentivos para la inversión en tecnologías verdes”, subrayó.
La agencia calificadora Moody’s advirtió que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene implicaciones crediticias negativas para el sector energético mexicano, ya que disminuye la transparencia operativa, desalienta inversiones de privados para generación, frena las energías renovables y puede aumentar el costo de la energía.
De ser aprobada, también es probable que la reforma detone disputas legales internacionales, afecte la competitividad de las inversiones extranjeras y se aparte de las prácticas regulatorias previamente acordadas.
Moody’s destacó que la eliminación de los órganos reguladores —la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE)— afectaría la confianza de los inversionistas porque debilitaría la transparencia y el marco institucional del sector.
La iniciativa de López Obrador busca fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la priorización del despacho de energía eléctrica desde sus plantas generadoras, incluidas centrales que utilizan combustibles fósiles, antes que centrales privadas de energía renovable y ciclos combinados, las cuales suelen ser más limpias y baratas.
Uno de los riesgos de la reforma eléctrica al utilizar la capacidad instalada de la CFE por encima de la energía privada renovable es que aumentaría la exposición de México a los precios y la disponibilidad de gas natural.
Según la Secretaría de Energía, los combustibles fósiles representaron aproximadamente el 74% de la generación eléctrica de México en el periodo enero-octubre de 2020, y de ese porcentaje, el gas natural representó alrededor del 81%.
Lo anterior, en un contexto en el que el país ha reducido la producción local de gas natural y las importaciones representaron el 72% del consumo total de gas en junio de 2021.
Moody’s dice que, por ejemplo, el fenómeno del vórtice polar en febrero de 2021 provocó un déficit de suministro de gas natural que incrementó los precios del gas, lo que generó sobrecostos de 2,500 millones dólares para la CFE, la mitad de los cuales fueron subsidiados por el gobierno mediante transferencia directa.
Entonces, en ausencia de mayores subsidios del gobierno federal, es probable que la liquidez de la CFE se debilite, ya que desde junio de 2021, por decreto, las tarifas solo pueden aumentarse de acuerdo con la inflación y no por los costos reales de la electricidad.
La propuesta de reforma no solo crearía un mercado eléctrico más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, sino que también impediría el progreso de México hacia el logro de sus objetivos de energía limpia.
@salvadorcosio1
