El mes de septiembre empezó con las imágenes violentas de las persecuciones y agresiones de los agentes migratorios mexicanos y la Guardia Nacional a los haitianos que cansados de esperar sus citas de solicitud de asilo en Tapachula organizaran una caravana rumbo al norte del país. La orden del Gobierno a la Guardia Nacional era clara: reprimir y frenar con todos los medios posibles el flujo migratorio haitiano hasta la frontera con Estados Unidos. Aun con la violencia y los maltratos sufridos, los haitianos lograrán escapar y subirán caminado por la carretera de Huixtla en Chiapas hasta el norte. Una parte subió hasta Chihuahua en la frontera con Texas y ahí se quedarán atrapados en la ciudad americana de Del Río, donde las fuerzas policiacas norteamericana los azotaban sobre sus caballos cuando intentaban salir de la zona fronteriza en una imagen que viralizó el mundo y fue motivo de grandes protestas.
La repercusión negativa ha hecho al Gobierno norteamericano suspender sus vuelos de deportaciones sumarias de haitianos hasta Porto Príncipe en Haití. Con ese temor de deportación, muchos migrantes retornarán a territorio mexicano, donde invariablemente se encontraran con la tradicional práctica de terror norteamericana que consiste amedrentar al migrante sea por violencia, encarcelamiento o deportación para disuadirlo de su investida migratoria.
La otra verdad del flujo migratorio haitiano es que buena parte de las personas oriundas del sur de México busca quedarse en la capital contrariando las creencias de los agentes migratorios y de la Jefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum que insiste en decir “que no va a ser muy larga su permanencia en la ciudad” y así descartar la apertura de albergues humanitarios provisorios para proteger esa populación vulnerable.
No hay hipocresía mayor de parte de las autoridades en dichas afirmaciones pues hace años que tanto el Instituto Nacional de Migraciones (INM) como la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) y estudiosos del tema saben que México dejó de ser país de tránsito a un país de destino a miles de migrantes de la región.
La Ciudad de México además firmó en 2011 su compromiso en ser una ciudad hospitalaria, o ciudad santuario, a los miles de migrantes y refugiados que huyen de sus países dado a la violencia generalizada o graves violaciones de derechos humanos, las dos condiciones claves para la concesión de asilo bajo la declaración de Cartagena de 1984 que fue incorporada en la ley mexicana de Refugiados de 2011.
En una carta firmada en el mes de septiembre destinada a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, varias organizaciones de la sociedad civil urgen a que el Gobierno capitalino cumpla sus compromisos de acogida migratoria tanto en acuerdo con el mandato Constitucional y sus principios rectores, Ciudad garantista para la progresividad de los derechos (Art. 5) y a la ley secundaria de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en la Ciudad de México para poner en práctica una operación masiva para proteger esa población vulnerable haitiana que desea solicitar asilo en México visto que los albergues humanitarios de la sociedad civil ya están saturados con mas del doble de la población de su capacidad normal, en suma, exigen de la Ciudad sus obligaciones de hospitalidad y no seguir en esa práctica de desamparo y de inseguridad a los migrantes.
El otro grande problema para los haitianos en México es la tendencia de la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) en rechazar en su grande mayoría las solicitudes de asilo presentadas por ellos. Segundo estudio del Instituto para las Mujeres en la Migración 80 por ciento de las solicitudes son rechazadas por los oficiales de elegibilidad de la Comar que insisten en exigir de los haitianos pruebas de persecución individualizada según los criterios de refugio basado en las condición establecidas por la convención de Ginebra de 1951 que sólo reconoce la condición de refugiado para persecuciones individualizadas por razones de cinco factores: religión, etnia, nacionalidad, opiniones políticas, o pertenencia a determinado grupo social que sufra discriminación en su país de origen. Pero todos sabemos que México también incorporó en su ley de 2011 los criterios de la declaración de Cartagena de 1984 que concede el refugio también a las personas que están huyendo de una región de violación masiva de derechos humanos, por conflictos internos, por violencia generalizada, agresión extranjera u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. El coordinador general de la Comar, Andrés Ramírez, insiste en decir que Haití no llena las condiciones necesarias para conceder refugio bajo la declaración de Cartagena como es el caso de Venezuela. Para llegar a una determinación si el país de donde sale el solicitante de asilo presenta las condiciones de violencia y violaciones de derechos humanos según la declaración de Cartagena sobre el refugio, los países de la América Latina que adoptaran la convención tienden a seguir los informes presentados por el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) sobre las condiciones del país de origen de refugiado (COI – Country of Origin Information). Lo que facilitaría mucho más el trámite burocrático para los haitianos y desahogaría la Comar que está “al borde del colapso” según las palabras de su coordinador. Fuentes de mi investigación afirman que ya está en discusión en el ACNUR de las Américas emitir una nota de orientación a los países de la América Latina a aplicar la declaración de Cartagena sobre refugiados para los haitianos en el mismo modelo que fue presentado sobre la situación de la Venezuela y conceder refugio a ellos “sobre la base de las amenazas a su vida, seguridad o libertad resultante de eventos que se encuentran actualmente perturbando gravemente el orden público” en Haití.
Cabe mencionar que Haití está en crisis política, económica y social hace años y todavía peor después del asesinato de su Presidente en julio de ese año. La comunidad internacional es responsable por parte de esa crisis sobre todo por fracasar en su misión de paz que por más de una década no logró construir un país económicamente mejor, políticamente más estable y con su justicia y Estado de Derecho funcionando plenamente. Haití se encuentra económicamente peor que antes de la misión de paz (MINUSTAH) de la ONU aprobada unánimemente en su Consejo de Seguridad. México y todas las Américas hacen parte de esa deuda moral y política que tenemos con Haití.
@salvadorcosio1
