DEL DICHO A LOS HECHOS... Integrantes de la XXXIII legislatura, le cumplen en materia de transparencia los nayaritas, al aprobar la Ley “Cero Moches”, propuesta por la diputada presidenta Alba Cristal Espinoza Peña que contempla hasta nueve años de cárcel para funcionarios que hayan recibido dinero.

Sobre la aprobación de la reforma al Código Penal en materia de cohecho, la cual fue por unanimidad, amplió la parlamentaria Espinoza Peña.

“Es la ley en el tema de delito de cohecho para poder generar responsabilidad severa a todo aquel funcionario público que acepte alguna remuneración o dádiva a cambio de algún apoyo para poder generar una prestación o un beneficio, entonces ya estuvimos trabajando en diferentes sesiones tanto en comisión de justicia y derechos humanos, que preside Héctor Santana el cual conforma el diputado Luis Zamora, la diputada Sofía y varios integrantes más, se evaluó, se trabajó con mucho detenimiento, de hecho se agregaron varios detalles en cuanto a que sean los tres niveles de gobierno, estatal, municipal, federal obviamente ya está y poder generar una multa real, un real castigo a este tipo de actos para que no suceda, al final buscamos realmente dignificar el servicio público y creemos que es de esta manera, y se incluye de igual manera en principio de cuenta a las y los legisladores; se trata de poder trabajar en una administración más transparencia y honesta”.

ARRECIAN LOS CASTIGOS

Pero en sí, que abarcaría estas modificaciones aprobadas en la Ley “Cero Moches”.

“Las sanciones bueno, se aumentaron, la intención es que ahora, dependiendo el delito en el sentido de la sentencia puedan ya ni siquiera tener derecho a computar para salir bajos fianza y poder estar ya dentro de prisión y ser inhabilitados”.

SE TRATA DE UNA LEY PENAL

¿Hay antecedentes diputada, de que se haya caído en cohecho? -bueno, mira- más que antecedentes, hay mucha presunción, y ahora necesitamos realmente elementos para iniciar procesos y anteriormente como no existía este antecedente acerca de rigurosas penas y castigos, pues al final de cuentas no avanza más allá.

Este es un elemento más para que todos tenga la libertad y las condiciones de promover en un momento dado si existen evidencias y que la ley resuelva lo correspondiente, debe haber denuncia para que se procesa, claro, no puede ser de oficio, internamente por el órgano de control interno.

Una pregunta ¿este delito es más común entre los servidores públicos?. Es correcto, la realidad es que quisiéramos  decir que no, pero hemos visto en el caminar de nuestro país, de nuestro Estado que, todavía se siguen practicando este tipo de acciones, que son desleales, deshonestas y que aparte van en dos vertientes, tanto el que ofrece como el que recibe, entonces ahí buscamos valorizar realmente los principios de honestidad, de todos los ciudadanos y de todo los funcionarios; la sanción es para el servidor público”, apuntó.