Esta semana, el título de mis palabras está tomado de su fuente bibliográfica principal, a saber, el informe publicado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A. C., mejor conocido como CentroProdh, bajo el título Poder Militar: La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, un informe —disponible en la página electrónica del Centro [https://centroprodh.org.mx/]— de 322 páginas en el que se analizan los antecedentes de la Guardia, su creación y el marco jurídico en que se sustenta, los pendientes de la revisión judicial del proceso de militarización, el tema del fuero militar y los riesgos del protagonismo castrense, tema en el que estas palabras se concentrarán, invitando a quienes las lean, si es de su interés algún tema particular, que vayan a las fuentes, un ejercicio, por cierto, muy recomendable en medio de la proliferación de las fake news…
El Informe comienza mostrándolo como parte de una serie de informes presentados desde 1988, nacidos todos ellos de la preocupación por la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pretendiendo, quizás, evitar ser acusados de no haber dicho nada en los sexenios anteriores y teniendo como propósito contribuir a la discusión y “recordar, como lo hicimos antes, que en México urge un proceso de gradual desmilitarización de la vida pública para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar en la lógica propia de una democracia que apuesta por la vía civil.
Más concretamente, este informe nace del desencanto frente a las promesas incumplidas de una gradual desmilitarización de la seguridad pública y el cambio de dirección que ha conducido a una profundidad legal nunca vista que ha llegado a los umbrales de una militarización constitucional de la seguridad pública, acompañada de la encomienda a las Fuerzas Armadas, de un número creciente de labores distintas a sus funciones constitucionales.
Tal como lo señala Gloria Leticia Díaz en su artículo Dos años de la Guardia Nacional: poder creciente y sin controles publicado en la revista Proceso del 4 de julio, el Informe que nos ocupa subraya el número creciente de denuncias de que la corporación ha sido objeto en sus dos años de existencia, así como la debilidad de sus controles institucionales externos e internos.
El dato más preocupante en relación con la continuidad del uso excesivo de la fuerza el año 2020 que aparece en el Informe, proviene de un artículo publicado por Animal Político en el que se refiere que en ese año hubo 260 enfrentamientos que involucraron elementos de la SEDENA en los que hubo 170 civiles detenidos, 50 civiles y 56 militares heridos, 237 civiles y 6 militares fallecidos, lo que muestra que en esos enfrentamientos fueron más los civiles muertos que los detenidos y que murieron muchos más civiles que militares, lo cual hace sospechar un abuso en el uso de la fuerza o bien, que las fuerzas armadas siguen actuando con su formación militar y no conformes a sus funciones de seguridad pública.
En respuesta a una solicitud, los redactores del Informe obtuvieron, en mayo del presente año, información acerca del uso de la fuerza letal por parte de la Guardia Nacional, de acuerdo con la cual, entre el 10 de agosto de 2019 y el 29 de abril de 2021, habrían tenido lugar 63 eventos en que habrían resultado muertos 14 miembros de la Guardia, 5 civiles y 89 “agresores”, tipificación problemática que requeriría un análisis del uso de la fuerza en esos casos.
En relación con los casos de violaciones a derechos humanos documentadas en el marco del despliegue de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas Permanentes, en el Informe se puede leer: “Si bien por un lado se ha avanzado parcialmente en brindar mayor información a la sociedad, pues algunos de estos casos han sido abordados en la conferencia matutina presidencial, en prácticamente todos estos casos han sido las propias Fuerzas Armadas las que han reportado las características de los eventos y su procesamiento institucional. Es decir, las instituciones externas de control que deberían activarse no han estado presentes: ni la FGR ni la CNDH han anunciado investigaciones exhaustivas –y, por consiguiente, menos aún los resultados de éstas– en seguimiento a tales casos y denuncias”.
E, inmediatamente después, lo siguiente: “El silencio de la CNDH es especialmente grave, pues tratándose de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, claramente ha retrocedido en la práctica de emitir pronunciamientos para expresar preocupación por el uso excesivo de la fuerza y anunciar el inicio de expedientes de queja cuando hay casos públicos y notorios, práctica que sí mantiene respecto de otras autoridades y violaciones a derechos humanos”.
En un cuadro ilustrativo, el Informe destaca tres casos de posibles violaciones graves a los derechos humanos por ejecuciones extrajudiciales [Tepochica, Guerrero, octubre de 2019, Carbó, Sonora, enero de 2020 y Nuevo Laredo, Tamaulipas, julio de 2020] en relación con las cuales solamente hubo un comunicado de prensa de la SEDENA y otro de la CNDH en el primer caso; ninguna referencia en el segundo y un comunicado de la CNDH y una referencia en la Conferencia de Prensa presidencial en el tercero.
Otra preocupación presente en el Informe y subrayada en el artículo de Proceso antes mencionado, tiene que ver con los controles internos. En él, se afirma que el único control interno relevante en la Guardia Nacional es la Unidad de Asuntos Internos y que el hecho que quien la encabeza en la actualidad sea un personaje con un negro historial es fuente de una serie preocupación.
Sin embargo, más allá de todos estos pormenores preocupantes, el riesgo mayor que visualiza el Informe proviene del “trastocamiento de la relación cívico-militar por la preeminencia castrense. La posibilidad, real y tangible en el presente, de que no estemos ante medidas transitorias, sino que éstas generen tal dependencia del estamento castrense que después no sea reversible”.
