En lo que parece ser una puesta en escena más de la ya muy gastada obra “Al pueblo pan y circo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la denominada Cuarta Transformación han echado mano en los últimos días de todas las vías de comunicación a su alcance para publicitar la Consulta Popular contra cinco expresidentes de México. Curiosamente, todas las razones que ha esgrimido el propio presidente de la República para intentar llevar tras las rejas a quienes lo precedieron en el encargo, coinciden con faltas en las que él mismo ha incurrido, por lo que habría que decir a alguno de sus asesores lo aconseje al respecto, no vaya a ser que esté despejando el camino para lo que pudiera conducir a su propio destino.
Y es que, si bien, la intención de encarcelar a los expresidentes fue por mucho tiempo una promesa que Andrés Manuel vendió en cada mitin y en cada escenario y calle que pisaba, a la hora de sentarse en la silla presidencial optó por cambiar el discurso para “echar la bolita” al pueblo para que este se manifieste a través de esta figura popular.
En días pasados, López expuso sus razones por las que sus antecesores deberían ser sujetos de un juicio penal, aunque también recordó que desde que tomó posesión del cargo, fijó su postura de no participar en la consulta.
En el marco de su conferencia Mañanera el titular del Ejecutivo federal consideró que el expresidente Carlos Salinas de Gortari debería ser juzgado por “entregar los bienes de la nación a particulares”, es el periodo considerado como la privatización de empresas del Estado.
Al exmandatario, Ernesto Zedillo Ponce de León, dijo, por convertir “la deuda privada de unos cuantos en deuda pública”, episodio conocido como el Fobaproa.
Mientras, al expresidente de la alternancia Vicente Fox Quezada por “traición a la patria”, ya que el panista confesó que “cargó los dados para imponer a Felipe Calderón, es un atentado a la democracia”, indicó AMLO.
Luego, dijo que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa debería ser enjuiciado porque desató la guerra contra la delincuencia “sin atender las causas” y se llevaron a cabo masacres.
“Había instrucciones de rematar a heridos y ahí están los datos de niveles de letalidad, dos años de enfrentamientos y había más muertos que heridos o detenidos, agréguenle que el secretario de Seguridad (Genaro García Luna), está preso en Estados Unidos”, recordó el tabasqueño.
Del expresidente Enrique Peña Nieto, dijo que sería juzgado por “los actos evidentes de corrupción, ahí está de testigo protegido el que estaba de director de Pemex (Emilio Lozoya), declarando que por órdenes superiores se entregaba dinero a legisladores para aprobar reformas como la energética”, señaló el presidente López Obrador.(Proceso 22/06/21).
A la par de los anuncios del presidente para publicitar la Consulta, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezado por su dirigente nacional, Mario Delgado, está inmerso en esta función de apoyo en la difusión del modelo que se pondrá en marcha el próximo 1 de agosto.
“Morena habilitó un sitio web para la promoción de la consulta popular que tiene como objetivo iniciar un juicio contra los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
A través del sitio electrónico juicioaexpresidentes.mx, el partido que lidera Mario Delgado llama a la ciudadanía, en principio, a participar como promotores de la consulta.
Al ingresar al sitio web, se pide el registro voluntario, ingresando nombre, edad y teléfono y argumentar por qué participarías en la defensa de la consulta popular.
De igual forma, el sitio web ofrece una colección de 9 audios descargables para que los simpatizantes del ejercicio democrático difundan los objetivos de llevar a juicio a los exmandatarios de México.
Por ejemplo, en un audio se atribuye al presidente Felipe Calderón el inicio de la guerra contra el narcotráfico que derivó en una espiral de violencia incontrolable dejando miles de víctimas.
“¿Recuerdas la guerra contra el narco, la matanza de campesinos, estudiantes durante la era neoliberal? Para llevar a las y los responsables vota ‘Sí’ en la consulta popular. Es la hora del pueblo. Juicio Sí, impunidad, No”, se escucha en uno de los audios.
De igual forma, se distribuyen al menos dos diseños de cárteles en formato PDF donde se aprecian las imágenes de los expresidentes Peña Nieto, con la leyenda Ayotzinpa; Carlos Salinas de Gortari, con la leyenda Fraude 88, y Felipe Calderón, con el mensaje “Narcogobierno”.(Forbes 23/06/21).
El Gobierno mexicano publicó el pasado jueves 17 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley para realizar la consulta pública sobre el juicio a los expresidentes del “periodo neoliberal” que propuso el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
Aunque la pregunta original mencionaba por nombre a los expresidentes y pedía indagar la “presunta comisión de delitos”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió la pegunta en una polarizada votación en octubre pasado.
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Suprema Corte.
Pero mientras el Gobierno de México ha defendido que se mantiene el propósito de la consulta popular, la primera que se realiza a nivel nacional, los ministros han dejado claro que “La Justicia no se consulta”, tal como lo aseveró el propio Arturo Zaldívar, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en octubre pasado cuando se dio a conocer el veredicto sobre la consulta y subrayó:
“El pasado 1 de octubre la Suprema Corte resolvió, en forma unánime, que la justicia no se consulta. Aunque con distintos enfoques y por distintos caminos, las ministras y ministros coincidimos en que, conforme a nuestro orden constitucional, la investigación, persecución y sanción de los delitos no puede estar sujeta a los resultados de una consulta popular; se trata de funciones que se ejercen mediante facultades obligatorias o regladas, que no dependen de la opinión de las mayorías.
A la vez construimos una visión robusta de la consulta popular, como mecanismo diseñado para pacificar nuestras diferencias por la vía institucional, capaz de incluir a todas las voces en la conversación pública, especialmente a aquellas que no han sido escuchadas por décadas.
Cumplimos con nuestra obligación constitucional de dar pleno sentido a la consulta popular —como derecho humano que es— y avanzar hacia una democracia participativa, que convoque a todas las personas a reflexionar y debatir sobre los grandes temas nacionales y les permita expresarse a través de un cauce pacífico, sin intermediarios. Al decidir si la materia de una consulta es constitucional, la Corte no ejerce una función jurisdiccional. No resuelve un litigio, ni su papel es dar la razón a alguna de las partes. Su función se limita a impedir la realización de consultas que versen sobre alguna de las materias prohibidas por la Constitución, pero velando por no frustrar el derecho de participación ciudadana. En otras palabras, el rol de la Corte es desplegar una función político-constitucional, encaminada a garantizar el acceso de todas las personas a la decisión pública”. (Milenio 13/10/20).
La campaña instrumentada por la Cuarta Transformación para promover la participación de la gente en esta Consulta Popular, que costará al menos 528 millones de pesos a los mexicanos, solo servirá para cumplir un capricho más al presidente, quien al puro estilo de Poncio Pilatos, se ha lavado las manos delegando este ejercicio para que sea “el pueblo bueno” quien vote, porque eso sí, él no quiere pasar a la historia “como tapadera, o alcahuete”.
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