La diputada Mónica Almeida López (PRD) señaló que el Tren Maya es una de las obras puestas en marcha en las que se ha ocultado la información pública, además de que se han generado cientos de contratos por adjudicación directa.

Asimismo, adelantó que prepara diversas iniciativas para evitar vicios en la excepción a esta regla general, al equiparar dicha conducta al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades de los servidores públicos a quienes utilicen de manera indebida las excepciones de licitación, logrando así mayor rigidez en la ejecución del gasto.

En un comunicado, recordó que 45 de los 102 contratos concretados del Tren Maya han sido por adjudicaciones directas, por lo que éstas ya tenían ganador antes de licitarse y que dichos contratos representan 27 mil 849 millones de pesos, es decir, el 39% de los recursos que hasta el momento se han erogado.

“Debemos dejar de ver al Presidente por lo que dice, y más por lo que hace, ya que sus palabras no están respaldadas por sus decisiones y esto nos ha llevado a continuar sin atacar la corrupción”, indicó.

Hizo un llamado al Gobierno federal para que se evite a toda costa seguir con estas prácticas, ya que no sólo vulneran la Constitución y las leyes que establecen que las licitaciones públicas deberían de ser la norma y no la excepción, sino que se encuentra en abierta contradicción con las propias promesas, discursos y objetivos legales definidos por el Presidente.

“Por mi parte presentaré una serie de acciones legislativas para impedir que las autoridades sigan utilizando la salida sencilla, esperemos que la mayoría no frene otra iniciativa más”, agregó.

La diputada por Jalisco aseguró que por si esto fuera poco, en el 2019 señalaron que se garantizaría la pulcritud de las licitaciones correspondientes a los estudios y construcción del Tren Maya, hoy dos años después, la Auditoría Superior de la Federación en los resultados preliminares de dicha anualidad muestra irregularidades por 148 millones de pesos.

Si se compara con otros años, dijo, esto significa una continuidad con las administraciones previas. Entre 2010 y 2018, en promedio, las asignaciones directas se usaron en 72% de las compras, mientras que las licitaciones públicas sólo se usaron 14.5% de las ocasiones.

De esta manera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tal como sus predecesores, continúa asignando directamente tres de cada cuatro contratos gubernamentales, con un porcentaje incluso mayor.