Algunas de las coyunturas políticas vividas en países latinoamericanos durante la segunda mitad de la década del 2010 han desembocado en polémicos, largos y a veces infructuosos procesos legales en contra de algunas de sus personalidades más influyentes y poderosas. Principalmente, algunos mandatarios de naciones como Colombia, Brasil y Ecuador, figuras a veces intocables, se han visto envueltos en complejas pugnas político-ideológicas y esquemas de corrupción, aparentemente solo posibles desde las altas esferas. Dada la complejidad de la situación, conviene examinar cada situación en particular.

El caso más reciente es el del exmandatario colombiano, Álvaro Uribe, quien apenas el martes 4 de agosto fue puesto bajo arresto domiciliario por la Corte Suprema de Colombia. Alineado tradicionalmente con políticas de derecha, fungió como líder del país de 2002 a 2010 y, hasta principios de agosto, se desempeñaba como senador, siendo uno de los políticos más votados e influyentes en la historia de su país.

Su caso se remonta a 2018, año en que fue acusado de compra y manipulación de testigos con el objetivo de favorecer su imagen en un proceso iniciado en contra de Iván Cepeda, senador de oposición; quien, por su parte, ha acusado a Uribe de nexos con grupos paramilitares. Miembros de su partido, Centro Democrático, incluyendo el actual presidente Iván Duque, a la fecha afirman su inocencia.

Aunque, probablemente, el caso más sonado en recientes años sea el de Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue absuelto apenas en diciembre de 2019 de los cargos que se le imputaron, aduciendo irregularidades en el proceso. Este expresidente brasileño fue condenado a casi 9 años de prisión durante la recta final en su carrera por la reelección, que entonces corría en contra del actual líder Jair Bolsonaro.

En 2018, un ministro de justicia allegado a Bolsonaro, Sergio Moro, lo declaró culpable de cargos de corrupción asociados a los escándalos de las empresa Petrobras y Odebrecht y emitió una sentencia de casi 9 años de prisión. En 2019, la Corte Suprema de Brasil declaró la prisión preventiva aplicada a Lula da Silva como inconstitucional y este fue liberado.

Un caso que se llevó a término recientemente es el de Rafael Correa, ex mandatario de Ecuador. La corte colombiana y el mandatario en funciones, Lenin Moreno, lo persiguen desde 2018, acusándolo, en conjunto con el vicepresidente Jorge Glas y otros funcionarios, de facilitar una red de sobornos durante 2012 y 2016 con el objeto de financiar las operaciones de su partido, Alianza PAIS.

La suprema corte de Colombia posteriormente le ordenó prisión preventiva en agosto de 2019 e incluso solicitó ayuda de la Interpol, agencia que desistió de emitir una alerta, petición denegada anteriormente. El mandatario -que gobernó durante dos periodos, desde 2007 a 2017, el más largo en la historia de país- fue condenado a 8 años de prisión en una sentencia notificada el pasado 26 de abril de 2020 por la Corte Nacional de Justicia.

Correa, quien actualmente planea contender para el mando de vicepresidente, goza de calidad de exiliado en Bruselas, Bélgica, donde niega los cargos imputados por el gobierno de Lenin Moreno, a quien acusa de persecución política dada la cercanía de las próximas elecciones federales en Colombia programadas para febrero del 2021.

No hay duda de que el clima político en Latinoamérica atraviesa momentos de incertidumbre y, ante este escenario, se ha sospechado de personajes como Jair Bolsonaro en Brasil o Lenin Moreno en Ecuador de utilizar instrumentos legales con motivaciones políticas detrás. Sin embargo, no hay duda de la necesidad de que otros expresidentes y funcionarios, como los involucrados en esquemas ampliamente investigados -por ejemplo, el caso Odebrecht- sufran un necesario ajuste de cuentas, aunque siempre con apego al estado de derecho.