El 30 de junio, Índira Alfonzo, presidenta de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela (CNE), anunció el 6 de diciembre como la fecha en la que se celebrarán elecciones de la Asamblea Nacional (AN) para el periodo 2021-2026. La decisión ha sido recibida con preocupaciones por su viabilidad en el contexto de la pandemia por Covid-19, además de su utilidad para asegurar una transición pacífica a la democracia ante la crisis institucional que asola al país desde 2015.
Por obligación constitucional, el CNE debe convocar elecciones a más tardar este año 2020 y elegir a los miembros de la AN que ejercerán sus funciones durante el periodo 2021-2026. Anunciaron igualmente que el nuevo proceso denominará a 277 diputados, 110 más con respecto a los elegidos en 2015. En el registro de partidos, sumando 105 en total, destaca la ausencia de opositores clave como el partido Voluntad Popular, Vente Venezuela o La Causa R.
Respecto de esto, la oposición liderada por Juan Guaidó declaró no tener intenciones de participar en estos comicios y que no los reconoce por fraudulentos e ilegítimos. Esto se suma al franco conflicto por el poder de Venezuela entre Nicolás Maduro y la AN representada por Juan Guaidó, quienes desde hace años reclaman al régimen chavista la celebración de nuevas elecciones presidenciales y generar un gobierno de transición ante lo que se ha calificado como un gobierno dictatorial y un rompimiento en el balance de poderes en el país.
Lo que abona a este conflicto en particular, es el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicó irregularmente la tarea de programar la agenda electoral y llevar a cabo la designación de los miembros del CNE, cuando por ley esto concierne a la Asamblea Legislativa. Esta situación ha llamado la atención de organizaciones internacionales como el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes la consideran un “obstáculo para la restauración de la democracia en Venezuela y el Estado de Derecho“.
Además, organizaciones electorales han alertado antes de los retos técnicos y logísticos que enfrentaría el gobierno venezolano de llevar a cabo elecciones en medio de la situación de pandemia. Incluso, Rafael Jiménez, vicepresidente del CNE de la República de Venezuela ha sugerido el miércoles 15 de julio que un “aumento incontrolado” de contagios de Covid-19 podría aplazar las elecciones del parlamento.
Es posible que la sola sugerencia de aplazar las votaciones pueda vulnerar aún más la imagen del gobierno de Maduro, quien ya se ha sometida a críticas previas acerca del presunto subregistro de casos, además de su estrategia basada en el despliegue de la fuerza pública y el control de la movilidad poblacional. Algunos incluso acusan que la pandemia podría resultarle “funcional” al régimen chavista en su presunto objetivo de sujetarse al poder.
Queda aún en duda la realización y legitimidad de las elecciones parlamentarias ante las dificultades suscitadas por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, al final del día, el obstáculo principal sigue siendo el enfrentamiento entre el gobierno de Maduro y la Asamblea Nacional de Guaidó, que se debaten entre visiones enfrentadas de lo que representará una verdadera transición pacífica a la democracia.
