Las Estancias Infantiles adscritas a la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) continuarán ofreciendo respaldo a madres y padres mediante una estrategia nacional que cumplirá cabalmente lo estipulado en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil atendiendo el principio de interés superior de las niñas y los niños.

En un comunicado, el Gobierno de México dio a conocer que para el cumplimiento de dicho objetivo, actualmente se trabaja bajo un esquema coordinado entre las instituciones del sistema de Salud, el DIF y los gobiernos locales.

Ello, detalló, con el propósito de definir nuevos lineamientos que normarán el funcionamiento de las estancias infantiles, de tal manera que puedan operar bajo estándares de máximo cuidado y bienestar para las niñas y los niños beneficiarios.

Agregó que la reducción del presupuesto a las Estancias Infantiles se debe al trato discrecional en las asignaciones; a la falta de atención a sectores prioritarios de la población; a los cobros indebidos y diversos actos de corrupción asentados por las autoridades competentes.

En ese sentido, ejemplificó que como resultado de la Auditoría de Desempeño 2017-0-20100-07-0265-2018 aplicada al programa de Estancias Infantiles por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no acreditó la debida admisión de más de 300 estancias, por citar algunos puntos.

La nueva estrategia contempla que las Estancias Infantiles que actualmente siguen operando mantengan sus estándares de seguridad. También se trabaja en la simplificación de trámites y en la creación de un nuevo sistema administrativo acorde con la política de austeridad, “de tal manera que serán reducidos los gastos excesivos de funcionamiento sin afectar la atención” a los menores.

Explicó que entre los motivos para la transformación de esos espacios, en coherencia con la nueva Política de Bienestar, el Gobierno de México replanteó el sistema de atención otorgada a través de las Estancias Infantiles, para dejar atrás el paternalismo y transitar hacia el reconocimiento de personas que toman sus propias decisiones en total libertad, así como entregar directamente los apoyos a las mamás y los papás.

“Para eliminar trámites que propician corrupción y trato discrecional; para dar prioridad a quienes históricamente han sido vulnerados por la pobreza y por la falta de atención, como las niñas y los niños indígenas o con discapacidad, y para hacer uso transparente, responsable y eficiente de los recursos públicos”.

Precisó que el subsidio se entregará directamente a madres y padres: mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño de un año y hasta un día antes de cumplir los tres años; así como mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño indígena de un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años; tres mil 600 pesos bimestrales por cada menor con discapacidad de un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años.

Tendrán prioridad las familias que no tengan seguridad social, pertenezcan a comunidades indígenas, y que vivan en zonas con altos niveles de violencia. Además, las niñas y los niños que ya están registrados en el padrón, seguirán recibiendo el apoyo, aunque tengan más de tres años.

Indicó que entre las razones para reducir el presupuesto del programa estuvieron no dar cobertura a la población para la que fueron creadas referidas estancias; así como la asignación de esos espacios con criterios arbitrarios. De igual forma, “cobros no permitidos y débiles controles en el ejercicio de los recursos asignados, figuran entre las principales causas que dieron origen a la decisión”.

“Por ejemplo, se tiene comprobado que muchas estancias fueron asignadas como resultado de la discrecionalidad de funcionarios públicos. Incluso, una sola persona llegó a contar con ‘redes’ de estancias, en ocasiones con la intervención de personas allegadas. Asimismo, el gobierno federal pagaba subsidios por niños fantasma, niños inexistentes o que simplemente nunca asistieron a recibir el servicio”, subrayó.

En 2018 la ASF emitió una serie de observaciones en cuatro rubros: afiliación, capacitación a responsables de esos lugares, otorgamiento de subsidios y reglas de operación, como resultado de la Auditoría de Desempeño 2017-0-20100-07-0265-2018 aplicada al programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, adscrito a la Sedesol.

Entre otros hallazgos, indicó que la mencionada dependencia debía afiliar estancias que cumplieran requisitos, pero no acreditó la admisión de 319  en 2017 ni que se hubiera cumplido con la norma, y no priorizó localidades con las mayores desventajas en su situación geográfica, económica y social.

Tampoco avaló el Convenio de Concertación de 659 estancias, es decir, siete por ciento de las nueve mil 399 que operaron y debieron suscribirlo. “No acreditó que 62.8 por ciento de personas incorporadas en 2017 (es decir, 195 mil 179 usuarios) cumplieran los requisitos para recibir el subsidio a madres, padres y tutores. El total, ese año se entregaron subsidios a 310 mil 968 personas”.