La detención de Emilio Lozoya, exdirector general de la empresa estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) en la administración pasada, regresó los reflectores a uno de los mayores casos de corrupción en América Latina y el mundo: Odebrecht.
La constructora, con sede en Brasil, se presentaba como la empresa latinoamericana más grande dedicada a la ingeniería, en cuya calidad recibía contratos para realizar todo tipo de obras en cualquier área de la región.
Su fama creció aún más a partir de 2014, cuando fiscales brasileños llevaron a cabo la Operación Lava Jato, que descubrió una serie de operaciones de lavado de dinero y sobornos que alcanzaron el más alto nivel político en el gigante suramericano.
Pronto se encontró que la corrupción en Brasil era sólo una de la docena de situaciones similares en otros tantos países latinoamericanos, e inclusive de África, y la propia empresa admitió que esta política la comenzó al menos desde 2001.
La forma general de operar era ofrecer dádivas, sobornos y coimas a funcionarios gubernamentales y empresarios a cambio de recibir contratos de obras públicas con precios inflados.
Con ese mecanismo fueron erigidas plantas de generación eléctrica, líneas férreas, puertos marítimos y aéreos, obras de extracción minera, extracción petrolera en tierra y mar abierto, plantas petroquímicas y nucleares, así como proyectos sanitarios y de irrigación.
La cuantía de las obras y los recursos involucrados llevó a que Odebrecht creará una división dedicada a la gestión de los sobornos (de Operaciones Estructuradas, la llamó), que se estima sumaron unos 780 millones de dólares, indicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI).
Con esa suma la constructora ganó contratos por alrededor de tres mil 340 millones de dólares, de acuerdo con cálculos del departamento estadounidense de Justicia, que retomó el caso, pues hubo bancos de ese país involucrados y su territorio fue usado para reuniones sobre los arreglos.
Los países inmiscuidos a diversos niveles y tipos de operaciones, además de Brasil, son Argentina, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia y México, además de Estados Unidos y Suiza.
De acuerdo con los datos manejados por el CIPI, en Dominicana el esquema se aplicó, entre otras obras, a la construcción de un boulevard turístico, una autopista, varias ecovías y un acueducto.
En Ecuador el caso del cual se cuenta con más información es el del poliducto Pascuales Cuenca, donde los sobornos incluyeron a empresarios, además de funcionarios de gobierno.
En Panamá, la línea del metro capitalino, el proyecto para una planta de tratamiento de aguas también para la capital y el diseño y construcción de la terminal sur del aeropuerto de Tucumán cayeron en el esquema.
Si se trata de personas, en particular altos funcionarios, estuvo involucrado el expresidente peruano Alán García, quien se suicidó poco antes de que la policía lo detuviera.
Además son investigados los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, además del mandatario en funciones, Martín Vizcarra.
Existen sospechas sobre el expresidente panameño Ricardo Martinelli y miembros de su entorno, mientras que el exmandatario salvadoreño Mauricio Funes se encuentra en la misma situación. Ya encarcelado figura el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass.
Los casos más sonados en los medios corresponden a Brasil y Venezuela.
En Brasil un numeroso grupo de políticos han sido investigados y encausados por el esquema Odebrecht, pero el más famoso es el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien rechazó todas las acusaciones y precisó que se le levantaron para evitar su regreso a la presidencia.
En Venezuela, Odebrecht reconoció en Estados Unidos que pagó 98 millones de dólares, de los cuales 35 millones fueron para campañas electorales del oficialismo.
El trabajo del CIPI precisa que en la división de Operaciones Estructuradas el secretismo era máximo, por lo que es muy posible que otros muchos involucrados, obras y sobornos no se conozcan nunca.
La empresa, fundada en 1944 por Norberto Odebrecht con sede en Salvador de Bahía y Sao Paulo, entró en proceso de quiebra que le permite seguir operando en junio de 2019, mientras su hasta entonces director ejecutivo, Marcelo Odebrecht, enfrenta una pena de 19 años de prisión por pago de sobornos.
