El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el informe de acciones para frenar la emisión de facturas falsas y la subcontratación ilegal, a partir de la cual se registran abusos a trabajadores, como miles de despidos para evadir obligaciones patronales.

“Se comprobó, entre otras cosas, que 14 mil empresas despidieron y se quedaron sin 60 mil trabajadores en diciembre; pero en total el despido de trabajadores en diciembre, fue de 380 mil trabajadores, algo increíble y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar prestaciones, no pagar impuestos”, expuso el mandatario.

En conferencia de prensa matutina recordó que la facturación falsa y el fraude fiscal son delitos graves.

“Estas prácticas ya no se permiten porque puede suceder que haya empresarios que ni siquiera estén informados; contratan despachos que les ayudan en estos trámites y pueden resultar afectados. Es importante que se conozca toda esta estrategia (…) vamos a actuar, se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos”, aseveró.

El presidente dijo a los empresarios que la nueva legislación y el cambio de régimen permiten que las contribuciones no sean malversadas hacia políticos corruptos. Al mismo tiempo, hizo un llamado para que las personas físicas o morales cumplan con el pago de impuestos, ya que ello asegurará que no se creen nuevos o aumenten los existentes.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), María Luisa Alcalde, detalló que por primera vez se constituyó un grupo de trabajo dedicado a erradicar prácticas que afectan a cinco millones de trabajadores mexicanos: defraudación a sus derechos básicos, lavado de dinero y fraude a los institutos de seguridad social.

Integran los esfuerzos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El equipo interinstitucional realiza inspecciones laborales y fiscales; aplica medidas financieras; apoya a la regularización de patrones reales y trabajadores; además de sancionar y conformar expedientes por defraudación fiscal.

Entre septiembre y diciembre de 2019 el grupo identificó mil 200 empresas que presentaron indicios de subcontratación ilegal en perjuicio de 862 mil 489 trabajadores.

En 2020 se intensificarán la aplicación de la ley en la materia, inspecciones y revisiones, mientras que los patrones recibirán un exhorto a regularizarse y abandonar la ilegalidad en la subcontratación. El IMSS y la STPS impulsarán una reforma legal para terminar con el abuso a los trabajadores.

La titular de la STPS explicó que la subcontratación ilegal se refiere al traslado de la planilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad, lo que impacta negativamente en los empleados y sus familias.

Este esquema, dijo, fomenta la competencia desleal entre las empresas y disminuye los ingresos públicos para el financiamiento de la seguridad social.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo, alrededor de seis mil empresas que incurren en la ilegalidad; el monto de la evasión supera los 21 mil millones de pesos anuales.

“La subcontratación ilegal precariza el mercado laboral”, remarcó la secretaria.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que el pasado diciembre se detectaron 14 mil 553 empresas que dieron de baja a toda la nómina, afectando a más de 64 mil trabajadores del país.