A diferencia del pasado, en este gobierno no existe la necesidad de legitimarse a partir de esta trágica farsa, que disfrazada de guerra contra el narcotráfico se tradujo en un incremento exponencial de la corrupción, derramamiento de sangre, legiones de personas desaparecidas y una ruptura del tejido social.

Así lo indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, quien destacó que en la administración actual no habrá el doble discurso de proteger a quienes deben combatir, esto en alusión al caso de Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón.

En su discurso en el marco de la XXII Asamblea de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad, apuntó “es triste saber que aquella ‘guerra contra el narcotráfico’ fue una farsa que costó miles de vidas en un sólo sexenio. Lo más trágico es que esos grandes corruptos en su momento se sintieron destinados a la gloria eterna”.

El funcionario federal indicó que ese periodo se ha cerrado pero sus efectos persisten por lo que se requiere la colaboración de gobernadores y alcaldes para combatir al crimen organizado y al ‘crimen uniformado’.

Ante el secretario de Marina y los gobernadores de Hidalgo, Guerrero y Michoacán, recordó la detención en Estados Unidos, del exsecretario Genaro Garcia Luna, caso que, dijo, revela con crudeza que la colusión de funcionarios de primer nivel, de policías y de altos mandos con el crimen organizado son una de las causas “de la larga noche de violencia e inseguridad en el país”.

Durazo Montaño dijo que, sin prejuzgar, que no se trata de un caso aislado, por lo que las autoridades mexicanas colaborarán siempre con quién corresponda para llevar ante la justicia no sólo a un presunto criminal, sino a todos los que fueron parte de una red con fines delictivos. 

El titular de la SSPC señaló que al inicio del sexenio, había 21 mil espacios desocupados en los penales federales, mientras que los estatales estaban sobrecargados con reos federales.

Por lo anterior, señaló que se labora con los gobiernos locales para destinar más recursos y despresurizar esos sitios, pues desde los penales estatales se administra 50 por ciento del crimen del país.