El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la urgencia de que se conozca un padrón de beneficiarios de actos corrupción pública y privada.

“Es fundamental conocer quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción, levantar el velo a las personas jurídicas para identificar quiénes son los beneficiarios de actos de corrupción pública y privada”, remarcó.

Al participar en la Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2019, dijo que en lo que va del año la unidad que encabeza ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero vinculado a temas de corrupción.

Además, ha dado 27 vistas de casos relacionados con este flagelo en sedes administrativas; se han judicializado cuatro casos con vinculación a proceso, y se han incorporado a 178 personas en la lista de bloqueos relacionados por temas de corrupción.

“Esto ha dado un monto total de mil 415 millones de pesos por actos de corrupción”, expresó Nieto Castillo, quien resaltó que la lucha contra los grupos delincuenciales pasa forzosamente por el combate a la corrupción e impunidad, y precisa de voluntad política.

El funcionario subrayó la importancia de que la ciudadanía participe en el combate a la corrupción, de avanzar en la prevención de este flagelo, pues la lucha contra la impunidad se dará a partir de llevar más casos a los tribunales.

“En la medida en que logremos cumplir con esa responsabilidad estaremos cumpliendo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, de tener una casa limpia, en virtud de que sea responsabilidad de todos cumplir con este compromiso de naturaleza internacional”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, destacó los esfuerzos que realiza México para erradicar la corrupción, al igual que la necesidad de robustecer los sistemas de pago para combatir ese flagelo.

“A través de nuestros sistema presupuestario y de nuestra gestoría se pagan alrededor de 130 millones de pagos al año. A través del sistema donde se llevan los asuntos jurídicos del SAT (Servicio de Administración Tributaria) se llevan 56 mil juicios, cada uno de ellos puede ser susceptible de tener riesgos en la corrupción y para ello necesitamos tener sistemas robustos que nos permitan identificarlos”, enfatizó.