Personas presas, periodistas, sociedad civil, líderes religiosos, indígenas, estudiantes, médicos y líderes sociales de Bolivia conversaron con el equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que evalúa la situación de éstos en el país.
La reunión permitió desarrollar “un diálogo constructivo que proyectó una visión plural de la compleja situación de derechos humanos en Bolivia”, estimó la CIDH en Twitter.
Luego de que la inestabilidad política, que incluyó amenazas de las fuerzas armadas y amedrentamiento contra sus allegados, llevase a Evo Morales a renunciar a la presidencia de Bolivia, actos de represión, asesinatos durante protestas sociales, revocación de contratos a medios de comunicación como TeleSur y otros eventos de violencia se han suscitado en el país, por lo que la CIDH busca determinar cuál es el estado del respeto a los derechos humanos.
Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión, acompañado del equipo técnico de la misma, conversó además con miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia y de la Conferencia Episcopal en busca de construir una visión panorámica sobre la situación.
Recibieron especialmente a medios de comunicación y periodistas, en ánimo de documentar las condiciones de la libertad de expresión tras lo que distintos analistas y políticos internacionales, incluido el precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders, califican de golpe de Estado.
Además, los funcionarios de la CIDH acudieron a celdas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para reunir testimonios de personas detenidas en el marco de la actual inestabilidad política y recabar información sobre el estatus de sus procesos penales.
Ya el 19 de noviembre la Comisión Interamericana, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en operaciones coordinadas de represión perpetrada por las fuerzas armadas y la Policía Nacional contra manifestantes.
“La CIDH urge al Estado a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad y garantizar el derecho a la reunión pacífica, y a adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos”, expresó entonces en un comunicado.
Además, sostuvo que desde el 20 de octubre al menos 23 personas han fallecido debido a la violencia desatada en las últimas semanas, 715 personas han sido heridas y 624 detenidas.
