El ministro chileno del Interior, Andrés Chadwick, defendió hoy su decisión de decretar el estado de emergencia en la Región Metropolitana por los disturbios, que continuaron este miércoles pese a que el gobierno anuló el decreto que generó las protestas. que han dejado 18 muertos.
Al comparecer ante la Cámara de Diputados, Chadwick calificó de pertinente el estado de emergencia para hacer frente a los disturbios iniciados la semana pasada, como consecuencia de los cuales ya han sido reportados 18 muertos.
“Tengo la responsabilidad política en aquellas decisiones que creo que se deben adoptar y respaldo y colaboro con el presidente (Sebastián Piñera) para que en este caso específico podamos tener mayor paz y seguridad de la gente, pero (…) al mismo tiempo para tomar medidas sociales y demostrar, como lo señaló el presidente, que ha sabido escuchar“, agregó.
Señaló que ante los actos de violencia y vandalismo se tuvo que recurrir “a un instrumento de la democracia y en democracia”, a un estado de excepción para que Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) pudieran tener el reforzamiento de las Fuerzas Armadas y controlaran los disturbios.
Por su parte, el ministro chileno de Justicia, Hernán Larraín, aseveró que “los responsables deberán sufrir las consecuencias si es que se demuestran acciones delictivas”. Ello, al referirse a las acusaciones que apuntan a diversos abusos y torturas por parte de agentes del Estado durante las manifestaciones.
“Nos preocupan y causan dolor las personas fallecidas”, indicó Larraín en un comunicado de prensa, en el que aseveró que todos los hechos ocurridos deben ser investigados.
“Nuestro gobierno tiene compromiso con la democracia irrenunciable y esto está ligado con el estado de derecho y respeto a los derechos humanos“, agregó Larraín.
Además, rechazó las acusaciones de que la estación Baquedano del Metro sea usada como “centro de detención”.
Por su parte, la fiscalía Metropolitana Sur designó este miércoles a Paulina Diaz Obilinovic como fiscal especializada para indagar las denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Pese a que el presidente Piñera pidió la víspera perdón y anunció un amplio paquete de medidas, las manifestaciones se mantienen este miércoles en las calles de la capital chilena y otras ciudades del país.
Miles de personas se encontraban en las plazas Italia y Baquedano, en la capital chilena, en un intento de llegar al presidencial Palacio de La Moneda. Sin embargo, fueron dispersados por elementos de Carabineros con gases lacrimógenos, tanquetas de agua y balas de goma.
Por su parte, los trabajadores de la Corporación del Cobre de Chile (Codelco) anunciaron este miércoles a través de un mensaje en la red social Twitter su adhesión al paro nacional de 48 horas convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y paralizaron parcialmente sus actividades.
A su vez, la Federación Minera de Chile (FMC), que agrupa a algunos gremios de firmas privadas, planteó un paro de 24 horas para este jueves en apoyo a las manifestaciones.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, desde el inicio del toque de queda, el sábado pasado, se han registrado mil 73 “eventos graves” y mil 437 personas han sido detenidas en el horario en que no se puede circular en la vía pública (salvo quienes porten salvoconducto).
Hasta ahora, el gobierno ha contabilizado la muerte de 18 personas, entre ellos tres por impacto de bala por parte de las fuerzas del orden.
La violencia en Chile comenzó la semana pasada con manifestaciones de estudiantes en varias estaciones del metro de Santiago, a raíz de que el Gobierno dictaminase el aumento de la tarifa de 800 a 830 pesos chilenos (de 1.13 a 1.17 dólares).
