En medio de una investigación que realizan la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de República (FGR) por supuesto lavado de dinero, el ministro Eduardo Medina Mora le presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la aceptó.
Estas acusaciones por presuntos actos de corrupción parten de que autoridades estadounidenses y británicas han enviado información financiera sobre las cuentas del ministro, quien prefirió dejar su puesto, 11 años antes de cumplirse el plazo para el cual fue designado.
Y es que de acuerdo con la Agencia Nacional del Crimen de Reino Unido (NCA por sus siglas en inglés), en los últimos dos años se registró “actividad sopechosa” en transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del exministro por cerca de tres millones dólares.
Además, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló que entre 2016 y 2018, Medina Mora también recibió dinero en sus cuentas en ese país, lo que daría un total de 102 millones de pesos, en depósitos electrónicos de ambas naciones.
A esas imputaciones se suman las controversias en las que Medina Mora ha estado implicado a lo largo de su carrera política, en la que ha ocupado importantes puestos en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), así como en la de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Entre los cargos que ha asumido el también abogado mexicano sobresalen: embajador de México en Estados Unidos, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y procurador General de la República.
Así como secretario de Seguridad Pública Federal, puesto que ocupó en 2006 y desde el que participó en el operativo de San Salvador Atenco, en el que murieron dos activistas y fueron detenidas más de 200 personas, entre ellas una decena de 10 menores de edad, además de que elementos policiacos fueron acusados de vejaciones y violaciones sexuales a una veintena de mujeres.
Como procurador, estuvo involucrado en el caso de violación a los derechos humanos de tres mujeres indígenas, que fueron sentenciadas a 21 años de prisión por posesión de droga y secuestro de seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI). Sin embargo, tres años más tarde se comprobó violación del debido proceso y los derechos de las mujeres, por lo que fueron liberadas.
Otro caso controversial en el que estuvo involucrado Medina Mora, fue la detención de 38 funcionarios, en mayo de 2009, la cual realizó la Procuraduría General de la República (PGR) en ese entonces a su cargo.
Año y medio después, los detenidos fueron liberados y el entonces procurador fue acusado de ineptitud y de usar su cargo con fines electorales, ya que los capturados pertenecían al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
También el exministro fue acusado de falta de voluntad para dar con los responsables de incendio en la Guardería ABC, pues en este caso la Procuraduría pidió órdenes de aprehensión por delitos no graves para los implicados en esta tragedia que provocó la muerte de 49 niños.
En 2007, luego de la aprobación de la despenalización de la interrupción del embarazo, el político mexicano encabezó la acción de inconstitucionalidad, promovida por la PGR. Medina Mora fue acusado de atentar contra los derechos humanos de las mujeres y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó su postura.
Así entre acusaciones de violación a derechos, corrupción e ineptitud Eduardo Medina Mora llegó a la Suprema Corte como ministro, puesto que deja -en opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador- para atender todas estas denuncias e investigaciones en su contra.
