La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, reparar el daño y garantizar una indemnización a un familiar directo de un periodista que murió en 2004 y por cuyo homicidio no se agotaron las líneas de investigación vinculadas con su actividad laboral.
También sugirió al Gobierno de Tamaulipas iniciar un registro de agresiones a periodistas y desarrollar mapas de riesgo relacionados con quienes ejercen esa profesión.
El organismo autónomo acreditó que la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas no agotó las indagatorias relativas al homicidio del periodista, de quien la CNDH se reserva la identidad por respeto a la víctima.
En la Recomendación 88/2018, se solicita al Gobernador de Tamaulipas instruir la reparación integral del daño ocasionado al familiar directo de la víctima conforme a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado, para lo cual se le deberá inscribir en el Registro Estatal de Víctimas para la indemnización.
Además, que pida al Procurador de Tamaulipas sacar de la reserva la indagatoria sobre el homicidio del periodista y que se agoten las diligencias conducentes y relacionadas con su labor profesional.
Se propone dar vista a la Coordinación de Asuntos Internos de la PGJ y al Órgano Interno de Contraloría Gubernamental para investigar las responsabilidades administrativas correspondientes y, en caso de que hayan prescrito, dejar constancia de la resolución y de la Recomendación en los expedientes laborales respectivos.
La CNDH también planteó al Gobernador de Tamaulipas que instruya al Procurador General a elaborar un registro de agresiones contra periodistas y que se desarrollen mapas de riesgos relacionados con el índice de ataques a este grupo en situación de riesgo.
Se recomienda la impartición de un curso de capacitación y formación en materia de protección a los periodistas, comunicadores y medios de información, el cual aborde la importancia de la libertad de expresión y los derechos humanos.
Desde marzo de 2004, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 13/2005 a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, en la que se solicitó, entre otros puntos, que agotara las investigaciones relativas al homicidio del periodista para evitar la impunidad.
Pero, en mayo de 2017, se presentó un recurso de impugnación en contra del cumplimiento de la Procuraduría estatal a la Recomendación 13/2005, ya que después de 13 años de haber sido emitida no había realizado una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial y orientada a explorar todas las líneas relacionadas con la actividad periodística de la víctima, entre otras omisiones.
