El Senado de la República remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que, de aprobarse por la cámara baja, permitirá al Estado mexicano crear políticas públicas para disminuir la corrupción.
Este ordenamiento legal, que analizan las comisiones dictaminadoras en San Lázaro, otorga a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria facultades de coordinación con los tres niveles de gobierno para celebrar convenios que permitan a la población acogerse a los beneficios del pretendido dictamen.
Lo anterior se dio a conocer en el informe del primer y segundo periodo ordinario de sesiones y el periodo extraordinario del primer receso, del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura del Senado.
Esa iniciativa, que impulsó el senador Ricardo Monreal, forma parte cinco leyes de nueva creación, de las cuales cuatro ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, se impulsarán políticas públicas y programas para el desarrollo económico a través de la creación de negocios para generar empleos, y se beneficiará a quienes cumplan a tiempo con sus obligaciones fiscales.
Se prevé la creación del Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, con el propósito de captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta y administración de información concerniente a las personas beneficiarias de los programas que se instrumenten en el marco de la presente Ley.
La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana consta de 16 artículos divididos en cuatro capítulos y seis disposiciones transitorias.
De aprobarse la iniciativa en la Cámara baja y con los nuevos ordenamientos jurídicos ya publicados en el DOF, se dota al Estado mexicano de instrumentos legales que le permita construir mejores condiciones de convivencia social.
En su momento, las y los senadores aprobaron las leyes Orgánica de la Fiscalía General de la República; del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019; de Educación Naval, y el Proyecto de Decreto turnado a la Cámara Baja, que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.
La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), aprobada el 15 de noviembre de 2018, reglamenta, entre otros asuntos, la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones como órgano público autónomo.
La del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2018, establece que este será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa.
Como cada año, se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, cuya publicación se hizo en el DOF el 28 de diciembre de 2018, que contiene conceptos bajo los cuales se captarán recursos financieros que permitirán cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal.
El 12 de marzo de 2019, fue publicada la Ley de Educación Naval que consolida a la universidad de esa especialidad como eje rector de la Educación Naval, la cual orgánica y administrativamente depende de la Oficialía Mayor de la Marina y doctrinariamente del Estado Mayor General de la Armada.
El decreto, expedido por el Ejecutivo federal, tiene por objeto normar la educación que imparte la Secretaría de Marina mediante la Universidad Naval, en sus diversos niveles educativos. La enseñanza estará orientada al conocimiento, difusión, aplicación de la ciencia, doctrina y cultura naval para contribuir al desarrollo marítimo nacional.
