El enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, informó a la oposición de Nicaragua que regresará al país centroamericano hasta que se reanuden las negociaciones para solucionar la crisis social y política.
De acuerdo con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Rosadilla -quien tenía previsto retornar el lunes pasado a Managua- le notificó que lo hará hasta que se reanude el diálogo con el gobierno del presidente Daniel Ortega, de acuerdo con el diario local La Prensa.
Rosadilla y el nuncio apostólico Waldemar Sommertag acompañan el proceso de negociaciones que busca poner fin a la crisis social y política en el país, que inició en abril de 2018 y que ha causado la muerte de más de 300 personas.
Las pláticas se suspendieron el 20 de mayo pasado luego que la oposición reclamó al gobierno por incumplir con la liberación de las personas que fueron detenidas en el marco de las manifestaciones en contra de Ortega
Aunque el gobierno asegura que han sido excarcelados todos los detenidos, la Alianza Cívica denuncia que aún hay más de 80 personas en prisión.
La OEA emitió el 28 de junio pasado una resolución por la que le demanda al gobierno de Ortega reanudar el diálogo de manera “efectiva y de buena fe”.
Mientras, la 49 Asamblea General del organismo interamericano pidió la formación de una comisión para realizar gestiones al más alto nivel para bucar una solución pacífica a la crisis social y política en Nicaragua y presente un informe en 75 días.
La organización Human Rights Watch solicitó la vispera a la Unión Europea (UE) condicionar el apoyo presupuestario a Nicaragua, en especial para el financiamiento a la Policía Nacional.
También, imponer sanciones individuales, como la prohibición de ingreso a los países europeos y el congelamiento de activos contra altos funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, propuso, entre otros funcionarios susceptibles de recibir sanciones, al presidente Ortega; la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera; al subdirector de la corporación, Ramón Avellán; y al inspector general de la Policía, Jaime Vanegas.
También mencionó al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Luis Pérez Olivas, y al titular de la Dirección de Operaciones Especiales, Justo Pastor Urbina.
Además demandó exigir al gobierno investigaciones “creíbles, imparciales y exhaustivas” por parte del Ministerio Público a las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden.
