Garantizar la paridad de género en los gobiernos federal, estatal y municipal y los organismos públicos autónomos, tiene como fin la minuta que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enviada por el Congreso de la Unión y avalada por la Trigésima Segunda Legislatura del Congreso local en reunión de la Diputación Permanente.
Lograr la paridad de género es proteger y garantizar la participación de la mujer en los espacios donde existe desigualdad, tales como puestos de elección popular, la administración pública, la impartición de justicia, organismos autónomos administrativos y jurisdiccionales electorales en los tres órdenes de gobierno; es decir que ninguna mujer debe ser discriminada por razones de preferencia o condición sexual, étnicas, de edad, discapacidad o cualquier otra que comprometa el pleno ejercicio de sus derechos humanos, incluidos los políticos.
Las reformas constitucionales prevén que exista 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres en el Gobierno de la República, en los gobiernos estatales y municipales, además de los organismos públicos autónomos federales y locales.
En la misma enmienda legislativa constitucional se estipula el uso del lenguaje incluyente al referirse a cada uno de los cargos públicos que correspondan a las mujeres.
De la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones surgirán ideas, valores y comportamientos diferentes encaminados a ejercer el poder de forma más justa y equilibrada tanto para las mujeres como para los hombres.
Las mujeres representan más de la mitad de la población, por lo que la democracia exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones.
Al abordar el tema las y los representantes populares Margarita Morán Flores, Erika Leticia Jiménez Aldaco, Marisol Sánchez Navarro, Karla Gabriela Flores Parra, Rosa Mirna Mora Romano, Jesús Armando Vélez Macías, Ignacio Alonso Langarica Ávalos, Pedro Roberto Pérez Gómez y Leopoldo Domínguez González coincidieron en que estas reformas marcan un precedente histórico, pero que es importante vigilar el proceso de su aplicación.
En el tema de la igualdad en la administración pública, el Congreso de Nayarit ya cuenta con esta nueva disposición que se estipula en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 13, mismo que asegura la participación igualitaria entre el hombre y la mujer en las dependencias del gobierno estatal, reforma aprobada el pasado mes de mayo.
