Hacer de la cultura cívica una costumbre apegada a los buenos valores sociales y humanos para generar tranquilidad social, dignidad y seguridad de las personas, el entorno urbano, el medio ambiente y hacer conciencia sobre el cuidado de los servicios públicos busca la nueva Ley de Cultura y Justicia Cívica para el Estado de Nayarit, aprobada por la Trigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado.

La propuesta de ley presentada por el diputado Rodolfo Pedroza Ramírez cuenta con 100 artículos y cinco más transitorios, que en su conjunto establecen reglas mínimas de comportamiento cívico para garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados además de regular el funcionamiento de la administración pública del estado y los municipios en su preservación.

La nueva norma señala como valores fundamentales que favorecen la convivencia respetuosa, la corresponsabilidad, la autorregulación, el sentido de pertenencia a la comunidad, la solidaridad, la colaboración, la prevalencia del diálogo y la conciliación.

Esos valores deben considerarse entre habitantes y autoridades en la conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, la seguridad ciudadana, espacios y servicios públicos.

La ley establece que la administración pública estatal y municipal promoverán el desarrollo de una cultura cívica, sustentada en los valores y principios de prudencia, respeto, justicia, equidad, solidaridad, diálogo, corresponsabilidad, identidad, colaboración, conciliación y sentido de pertenencia.

Se prevén sanciones aplicables a las malas acciones que se cometan en contra de la dignidad de las personas, la tranquilidad de los seres humanos, la seguridad ciudadana y el entorno urbano; consisten en 11 a 40 salarios mínimos o de 13 a 36 horas de arresto, según sea la falta.

Algunas de las infracciones aplican a las personas que no recojan heces fecales de un animal, abandonen en la vía pública animales muertos, tiren basura en lugares no autorizados, dañen, pinten, maltraten, o ensucien inmuebles públicos y particulares; además, quienes apaguen sin autorización el alumbrado público, ingieran bebidas alcohólicas o consuman estupefacientes en lugares públicos no autorizados.

La nueva ley prevé adoptar protocolos para garantizar el uso de la vía pública respetando el bien común.