La Fiscalia de Suecia presentó hoy una orden de detención en contra del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por presunta violacion, luego de anunciar hace una semana que reabriría el caso contra el activista tras haberlo cerrado en 2017.

La fiscal superior adjunta, Eva-Marie Persson, señaló en un comunicado que pidió “al tribunal de distrito que detenga a Assange en ausencia, por causa probable de violación”.

“Si el tribunal decide detenerlo, enviaré una orden de arresto europea para que sea entregado a Suecia”, añadió.

Suecia interpuso en mayo de 2010 la denuncia contra Assange por presunta violación por lo que el delito prescribirá en el 2020.

La fiscal señaló que “en el caso de un conflicto entre una orden de arresto europea y otra de extradición de Estados Unidos, las autoridades británicas deberán decidir el orden de prioridad”.

Consideró que el resultado del proceso era “imposible de predecir”, sin embargo dijo el caso en Suecia podría transcurrir de manera simultánea al que sigue en Reino Unido.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le retiró en abril pasado el asilo diplomático y la nacionalidad ecuatoriana, lo que permitió que las autoridades británicas ingresarán a la embajada para detenerlo.

Assange publicó en 2010 cientos de miles de documentos secretos del ejército y la diplomacia de Estados Unidos, y por ello la justicia estadunidense quiere juzgarlo bajo el cargo de “piratería informática”.

La detención en Londres de Assange, motivo que el proceso en Suecia se haya reactivado a petición de la abogada de una de las denunciantes, Elizabeth Massi Fritz.

Por otra parte, Wikileaks denunció este lunes en un comunicado que funcionarios ecuatorianos viajaron a Reino Unido para realizar un registro en la embajada de Ecuador de las pertenencias de Assange sin presencia ni de representantes del activista ni de Naciones Unidas.

Estados Unidos habría solicitado la confiscación que incluiría dos manuscritos de Assange y “documentos legales, registros médicos y equipos electrónicos”.

Wikileaks señaló que “la incautación de sus pertenencias viola las leyes que protegen la confidencialidad médica y legal, así como también las protecciones propias de la prensa”.