El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y las áreas técnicas de las cámaras del Congreso sendos cuestionamientos al decreto del presidente Jair Bolsonaro, que esta semana liberalizó el comercio y porte de armas, mientras que el mandatario sostuvo que es un pedido de las mayorías.

El decreto del miércoles, que amplía las categorías de profesiones que tienen derecho a portar armas, aumenta los calibres de las armas y la cantidad de cartuchos que se pueden poseer, provocó preocupación al considerar que puede aumentar la violencia urbana y rural en todo el territorio brasileño.

“No tengo nada qué negociar. Si es inconstitucional, tiene que dejar de existir. Quien tiene la palabra final será el plenario de la Cámara, o la Justicia”, dijo el presidente, al descartar negociar su decreto, durante un acto en la ciudad de Curitiba, informó este sábado la Agencia Brasil de noticias.

“Tuve la honra de firmar un decreto más amplio, en el límite de la ley. No como una política pública, sino como el derecho individual del ciudadano a la legítima defensa. A fin de cuentas, tenemos que respetar la voluntad popular. En 2005, el pueblo aprobó la compra, posesión y en algunos casos, el porte de armas de fuego”, dijo.

Ante una impugnación del partido Rede, la ministra del STF, Rosa Weber, dio un plazo de cinco días para que el presidente Bolsonaro explique el decreto, a fin de decidir si suspende su aplicación de forma liminar o no, y un lapso similar al ministro de Justicia, Sergio Moro, para que justifique la norma.

La ministra Weber, quien evitó perfilar cualquier postura, también abrió la posibilidad de pedir su parecer a la Abogacía General de la Unión, la Procuraduría General de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados federales.

En su demanda, el partido Rede demandó la suspensión liminar del decreto, tras acusar al presidente de cometer un “abuso de poder”, y señaló que la norma emitida por el mandatario viola el Estatuto de Desarme, instituido por ley y que sólo puede ser modificado por una nueva legislación aprobada por el Congreso.

El viernes, la Consultoría Legislativa del Senado consideró que el presidente Bolsonaro extrapoló sus poderes por encima de las prerrogativas del Congreso, y la Secretaría General de la Mesa Directiva de la Cámara apuntó la existencia de elementos inconstitucionales en el decreto.

El estudio preliminar de la cámara baja estima que hay puntos en que el decreto avanzó sobre materias que son competencia exclusiva del Congreso, y que puede tener algunas inconstitucionalidades, por lo que podría ser invalidado por el Legislativo.