Anteriormente, la Comisión para la Protección para Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisja) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) habían instruido que los contenedores involucrados en el caso salieran de circulación ante el riesgo sanitario que podrían representar.
No obstante, organizaciones civiles y colectivos pedían que no fueran destruidos, ya que eran parte de la investigación por el mal manejo de los cadáveres.
Hasta el momento, 323 cuerpos de personas fallecidas han sido inhumados y se espera que otros 65 puedan ser depositados en el panteón de Guadalajara en las siguientes dos semanas. Otros 56 han sido entregados a sus familiares.
El municipio de Tonalá se ha manifestado en contra de la construcción de gavetas para la recepción de cuerpos de personas fallecidas en el municipio, por lo que el gobierno estatal seguirá en negociaciones con el alcalde de la localidad.