En la conferencia matutina de este miércoles, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, presentó formalmente la iniciativa de reforma constitucional y legal que reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales de forma gradual, sin afectar salarios ni prestaciones. La propuesta fue gestada tras más de 40 mesas de diálogo que involucraron a 2,000 participantes de sindicatos, cámaras empresariales, académicos y autoridades, proceso que se extendió entre junio y noviembre de 2025. El anuncio coincidió con el incremento al salario mínimo para 2026, que oscilará entre el 10 y 11 por ciento, lo que permitirá que el ingreso base recupere 154.2% de su poder adquisitivo en los últimos gobiernos de la Cuarta Transformación, el nivel más alto desde 1980.
La ruta de transición es precisa y escalonada: Mayo de 2026 entrada en vigor de la reforma. Enero de 2027 comienza el descenso a 46 horas. Enero de 2028 baja a 44 horas. Enero de 2029 desciende a 42 horas. Enero de 2030 finalmente alcanza las 40 horas semanales. Durante este período, las empresas tendrán tiempo para reajustar nóminas, distribuir turnos y rediseñar procesos operativos sin que implique despidos masivos. Se enfatizó que el registro electrónico de jornadas será obligatorio y supervisado por la Secretaría del Trabajo para garantizar cumplimiento.
En cifras técnicas, la reforma especifica que entre trabajo ordinario y extraordinario no se podrán superar 12 horas diarias, ampliando la posibilidad de 9 a 12 horas extra semanales de forma voluntaria, distribuibles en máximo 4 horas diarias por no más de 4 días a la semana, con un nuevo tope de 4 horas triples que no existía en la legislación previa. La prohibición absoluta de horas extras para menores de edad se mantiene, dando protección especial a este segmento de la fuerza laboral.
El coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal, fue más allá: anunció que esperaba que el proyecto llegara al Congreso de la Unión en las próximas semanas y que la aprobación se completaría en enero de 2026 para que entrara en vigor el 1 de mayo conforme a la ruta planeada. Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respaldaron la medida, demostrando beneficios en salud, seguridad y bienestar derivados de jornadas menos extensas.
Sin embargo, desde el sector empresarial surgieron voces cautelosas. El área de Estudios Económicos de Banamex anticipó presiones inflacionarias derivadas de ambas medidas (incremento salarial y reducción de jornada), proyectando un crecimiento en costos laborales que podría traducirse en presión sobre precios, especialmente en el sector servicios. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio solicitó “certeza jurídica, reglas claras e implementación que amortigüe el impacto en empresas familiares, base del empleo formal”. Estos comentarios revelan la tensión inherente entre garantizar derechos laborales y mantener competitividad económica.
