La Cámara de Diputados trabaja a contrarreloj para alcanzar consenso en torno a la nueva Ley General de Aguas, presentando un paquete de más de 30 modificaciones a la iniciativa presidencial tras intensas jornadas de negociación con agricultores, ejidatarios y transportistas. El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el proyecto de dictamen está listo, pero que se continuarán las mesas de diálogo para incorporar las demandas de los productores.
La iniciativa presidencial causó reacciones adversas en el campo mexicano, quien teme que la regulación sobre concesiones hídricas y el combate al acaparamiento de agua termine afectando a pequeños y medianos productores. Esto motivó bloqueos carreteros coordinados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) que duraron casi una semana, aunque fueron levantados el viernes pasado tras alcanzar acuerdos. La Cámara de Diputados ha instalado mesas de diálogo permanentes para pulir el dictamen.
Entre las modificaciones se encuentran: garantizar el “binomio agua-tierra” en casos de herencia o venta de inmuebles; asegurar el volumen de recursos hídricos que ya utilizan los productores actualmente; y revisar las disposiciones sobre sanciones por “traslado ilegal de agua”, que causaba preocupación entre ejidatarios en zonas áridas donde es necesario acarrear agua a agostaderos. Monreal informó haber sostenido conversaciones con representantes de 20 organizaciones de 16 estados, además de recibir llamadas de gobernadores de “todos los partidos políticos”. El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, ha asistido casi a diario a San Lázaro.
La presidenta Claudia Sheinbaum marcó el rumbo en su conferencia matutina, reiterando que “el agua es un derecho, no un privilegio ni una mercancía”. Rechazó cualquier política que busque acaparar el recurso. Por su parte, el vocero de la bancada de Morena subraya que el objetivo no es castigar a pequeños propietarios, sino “evitar el acaparamiento y uso indebido del agua, y poner orden en las concesiones” otorgadas de forma “muy irregular” en el pasado.
Si se logra acuerdo, el proyecto de dictamen podría circularse hoy mismo entre los diputados. La votación en comisiones estaba prevista para el primero de diciembre, pero fue pospuesta para ampliar el diálogo. La reforma persigue priorizar el derecho humano al agua, reglamentar concesiones y tipificar delitos hídricos. Además, busca recaudar ingresos del sector industrial que en 2023 pagó solo 12 mil millones de los 56 mil millones de pesos adeudados.
