La discusión en torno a la nueva propuesta de Ley de Aguas Nacionales ha cobrado relevancia en la agenda legislativa y social de México. Diversos colectivos ambientales, académicos y representantes de comunidades indígenas han expresado su rechazo a ciertos artículos del proyecto, argumentando que podrían facilitar la privatización del recurso y vulnerar el derecho humano al agua.
Uno de los puntos más controvertidos es el esquema de concesiones que plantea la iniciativa. Los críticos sostienen que la redacción actual prioriza el uso industrial y comercial del agua sobre el consumo doméstico y agrícola de subsistencia. Advierten que esto podría agravar la situación de estrés hídrico que ya enfrentan múltiples regiones del norte y centro del país.
Por otro lado, los promotores de la ley argumentan que es necesaria una actualización normativa para modernizar la gestión del agua, mejorar la infraestructura hidráulica y sancionar el desperdicio. Señalan que la reforma busca dotar de mayores facultades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para regular y fiscalizar el uso del líquido vital.
El proceso legislativo ha incluido foros de parlamento abierto, donde se han expuesto posturas encontradas. Mientras el sector empresarial aboga por certeza jurídica para las inversiones, las organizaciones sociales exigen que se garantice la gestión comunitaria del agua y se protejan los acuíferos de la sobreexplotación.
El desenlace de esta reforma será determinante para el futuro ambiental de México. La sociedad civil se mantiene atenta a las votaciones en el Congreso de la Unión, demandando una ley que asegure la sustentabilidad y la equidad en el acceso al agua para las presentes y futuras generaciones.
