A más de tres meses de haberse solicitado vía transparencia la información sobre permisos irregulares de transporte público en Nayarit, la Secretaría de Movilidad aún no ha emitido ninguna respuesta oficial. La petición, registrada el 11 de marzo de 2025, buscaba conocer cuántos permisos fueron retirados entre septiembre de 2021 y enero de 2025, pero al corte del 27 de junio del mismo año, la dependencia no ha respondido.
El requerimiento surgió tras la difusión de una investigación publicada el 24 de febrero de 2025, que expuso un presunto esquema de corrupción dentro de la Secretaría, encabezada por Sistiel Buhaya. De acuerdo con testimonios y documentos, funcionarios habrían cobrado sumas de entre 80 mil y 120 mil pesos por liberar permisos bloqueados o trasladarlos de un municipio a otro, utilizando Bahía de Banderas como destino principal.
La falta de respuesta por parte de la Secretaría genera dudas sobre la disposición de las autoridades para transparentar sus acciones y esclarecer las acusaciones. La solicitud, realizada a través de los canales establecidos por la Ley de Transparencia, busca determinar el número exacto de permisos irregulares que han sido revocados en el marco del proceso de regularización promovido por el gobierno estatal.
Mientras tanto, no se han presentado pronunciamientos oficiales ni se ha abordado el tema en las conferencias matutinas del gobierno del estado, a pesar de la gravedad de las denuncias y de la implicación de funcionarios como el subsecretario de Movilidad, Jaime Eduardo Ibarra García, el director de Transporte Público, Carlos Orozco del Águila, y otros miembros del área jurídica y de revisión vehicular.
El caso involucra presuntas prácticas como la asesoría a solicitantes sobre cómo tramitar amparos judiciales, que posteriormente eran presentados como inevitables para forzar la aprobación de permisos, todo bajo una fachada legal. Según los testimonios, una vez emitido el permiso, los funcionarios exigían el pago convenido.
La falta de información oficial impide conocer el alcance real de la presunta red de corrupción.
