La presidenta municipal de Xalisco, Nayarit, Anabel Guerrero, fue denunciada por presunto desvío de recursos, ejercicio indebido de funciones, usurpación y omisión en sus deberes administrativos. La denuncia fue presentada ante la Contraloría del Municipio por la síndico y nueve regidores del Cabildo, pertenecientes a diferentes partidos políticos, quienes conforman la mayoría calificada del órgano.
El documento fue dirigido a Ruth Adriana Torres Camacho, contralora del XLIII Ayuntamiento de Xalisco, y expone que la edil habría incurrido en diversas irregularidades al omitir la presentación formal de los nombramientos de titulares de dependencias municipales ante el Cabildo. Esta omisión, según el texto de la denuncia, vulnera los principios de legalidad y certeza jurídica establecidos en el marco normativo que rige la administración pública local.
Los hechos se remontan al pasado 2 de junio, cuando el Cabildo de Xalisco exhortó de manera formal a la presidenta municipal para que sometiera a su consideración la aprobación de los titulares de las áreas centralizadas y descentralizadas del Ayuntamiento. Pese a la solicitud, Guerrero no dio seguimiento al procedimiento, lo que —según los denunciantes— ha permitido que el gasto público se ejerza sin la debida autorización y supervisión, además de que se realicen actos de autoridad por personas que no han sido legalmente aprobadas por el órgano colegiado.
Los integrantes del Cabildo advierten que, de no atenderse la denuncia por la vía interna, se procederá a escalar el caso ante otras instancias legales. Señalaron que no solo la presidenta municipal podría resultar afectada por estas acciones, sino también los funcionarios que han suscrito documentos o ejercido funciones sin contar con la legitimidad que otorga la aprobación del Cabildo.
El proceso ahora queda en manos de la Contraloría del Municipio, que deberá analizar los señalamientos y determinar si se inicia una investigación formal. Mientras tanto, el conflicto evidencia una fractura entre la presidencia municipal y la mayoría del Cabildo, que exige respeto a los procedimientos establecidos por la ley para la administración de los recursos y la toma de decisiones públicas.
