El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió ayer que su estrategia de seguridad y justicia no apostará por la “guerra”.
“No apostar a la guerra, el Gobierno se compromete a eso, el próximo Gobierno, a no apostar a la guerra”, afirmó al recibir los resultados de los Foros para la Pacificación y la Reconciliación en un acto que tuvo lugar en el Archivo General de la Nación.
Esto, entre otras cosas, implica no optar por el exterminio de los seres humanos, el que no haya masacres en el país, el que podamos garantizar la paz y la tranquilidad”.
La denominada guerra contra el crimen organizado inició en 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón y, según activistas y especialistas, continuó durante el periodo de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), la “guerra militarizada” ha dejado más de 150 mil muertes asociadas con el mercado de drogas y 32 mil desapariciones.
Acompañado de los próximos Secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad, Alfonso Durazo, el Presidente electo reiteró que tampoco se hará uso extremo de la fuerza ni ordenará reprimir a ciudadanos.
“Esto tiene que ver mucho con la actitud del Presidente de la República, con las convicciones y con el proceder del Presidente. Antes se pensaba que el Presidente de México tenía que utilizar la fuerza u ordenar el uso de la fuerza en extremo”, apuntó López Obrador.
Ya basta de la simulación, de echarle la culpa siempre a los de abajo. El Jefe del Estado es el principal responsable ante una situación de inseguridad y de violencia”.
En su oportunidad, Durazo anunció que explorarán la definición de “territorios de paz” con la finalidad de llevar respuestas integrales a zonas violentas de estados como Guerrero.
Tras subrayar que se requieren políticas de largo plazo y no de lucimiento mediático, el próximo titular de la SSP se pronunció por nuevas estrategias en materia de drogas y de armas.
En tanto, Sánchez Cordero advirtió en la desaparición de personas la mayor deuda moral del Estado mexicano, y prometió no simular sobre la crisis de derechos humanos que vive el país.
“El primer gran paso que se ha asumido desde el Gobierno es reconocer la realidad: no más simulación en materia de derechos humanos”, sentenció.
La próxima Secretaria consideró imprescindible implementar la Ley de Desaparición y hacer realidad el Sistema Nacional de Búsqueda.
En su intervención, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez destacó la importancia de adoptar políticas y estrategias que aborden los fenómenos de seguridad y justicia desde un enfoque integral.
Durante el evento, representantes de los foros entregaron a López Obrador 33 relatorías de los mismos, así como un resumen general.
