En un esfuerzo por restaurar la legalidad y la propiedad en la región, el Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit (IPROVINAY) ha llevado a cabo una significativa operación de recuperación de terrenos en San Blas. La acción tiene como objetivo poner fin a la adjudicación ilegal de tierras a manos de líderes políticos y seudo líderes, que habían explotado estos recursos abandonados para su propio beneficio.
El titular de IPROVINAY, Manuel Fonseca Altamirano, anunció recientemente la recuperación de más de 50 terrenos en la zona de la Higuera y la Vaca en San Blas. Estos terrenos habían sido abandonados y posteriormente vendidos bajo constancias de posesión por individuos que se aprovecharon de la situación. Fonseca Altamirano destacó que si bien existen más terrenos abandonados, algunos habían sido asignados en el pasado a personas que, sin embargo, no realizaron los pagos necesarios desde entonces.
Este proceso de recuperación y regularización ha sido un esfuerzo continuo que se ha extendido a lo largo de dos décadas. El gobernador de Nayarit ha tomado la iniciativa para regularizar la situación, otorgando certeza jurídica a las familias que buscan asegurar su propiedad legítima.
En el pasado, el Ayuntamiento de San Blas, bajo la administración de “Layín”, llevó a cabo la venta de áreas verdes que en realidad pertenecían a IPROVINAY. Una escritura confusa y mal interpretada fue utilizada para respaldar estas ventas, lo que condujo a una apropiación indebida de tierras. Las áreas verdes que fueron vendidas no eran propiedad del Ayuntamiento y, por lo tanto, las acciones de venta fueron ilegales.
IPROVINAY ha presentado las denuncias pertinentes ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit. Las acusaciones se han dirigido hacia el exalcalde “Layín”, quien enfrenta cargos por la venta ilegal de terrenos. Además, se está llevando a cabo una investigación para identificar a otros funcionarios involucrados en la adquisición de estas áreas verdes y seudo líderes que participaron en la venta irregular de terrenos.
Esta operación de recuperación y regularización representa un paso significativo hacia la justicia y la transparencia en el uso y asignación de tierras en la región de San Blas. Con la certeza jurídica restaurada, las familias podrán gozar de la tranquilidad de ser propietarios legales y contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades.
