La Presidencia de la República dio a conocer la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, que establece los principios que seguirán las dependencias y entidades de la administración pública en materia de difusión de información de prensa y publicidad.
En el acuerdo emitido en el Diario Oficial de la Federación, explicó que la honestidad será la premisa básica para acabar con la selección discrecional en la contratación de medios de comunicación para implementar la estrategia de comunicación social del gobierno federal.
Ante ello, apuntó en el documento vigente a partir de hoy, se deberán seleccionar los medios y las vías de comunicación de acuerdo a la normativa aplicable para cumplir con este principio.
Sostuvo que el combate a la corrupción en esta materia se logrará mediante la transparencia para informar el destino de los recursos asignados para la contratación de medios de comunicación a través de las vías que se estimen pertinentes.
Definió propaganda gubernamental o campañas de promoción y publicidad como como toda producción y difusión en cualquier medio de comunicación o soporte tecnológico o digital solventada con recursos públicos, así como aquella que promueva o publicite la venta de productos o servicios que generen algún ingreso para el Estado.
Resaltó que las campañas o programas que sean difundidas a través de propaganda gubernamental deberán tener carácter institucional con fines informativos, educativos, de orientación social o de rendición de cuentas conforme al Programa Anual de Comunicación Social de cada dependencia o entidad.
Asimismo, podrá utilizar los medios, soportes y formatos que garanticen el acceso a la información y aseguren la difusión de acuerdo con el propósito y características de cada campaña y garantizar la difusión de la información institucional en condiciones de igualdad entre la población objetivo.
Indicó que las campañas de comunicación social o de promoción y publicidad institucional deberán respetar y reflejar la pluralidad del país, considerando estados y municipios respecto a su composición étnica, diversidad cultural, religiosa, lingüística y riqueza geográfica, además de fomentar la igualdad y no discriminación, y promover los derechos humanos y la convivencia armónica.
La Presidencia de la República señaló que la propaganda gubernamental podrá informar sobre ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales, rendición de cuentas, promoción y garantía de derechos humanos y funcionamiento de instituciones.
Asimismo, sobre medidas preventivas de protección civil, difusión de campañas de salud y nutrición, de respeto a la integridad física y familiar, de protección a los grupos de personas o de sectores de población históricamente desprotegidos, así como las leyes, reglamentos y decretos que tenga relevancia para el ejercicio de los derechos de las personas, además de promoción del turismo.
Por el contrario, detalló que las dependencias y entidades públicas federales no podrán difundir el contenido de la propaganda gubernamental que tenga por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público ni difusión del informe anual de labores del Ejecutivo federal.
Tampoco podrán divulgar mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales, fomente la comunicación engañosa, restrinja la transmisión y circulación de ideas y opiniones o que sea utilizada como un mecanismo de censura, incite a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico, entre otras.
Aclaró que las dependencias y entidades públicas emitirán un comunicado de prensa cuando cuenten con la autorización de las autoridades competentes y el monto autorizado para realizar ampliaciones presupuestales en materia de comunicación de conformidad con las disposiciones aplicables.
Estableció la prohibición para que un medio de comunicación concentre un porcentaje mayor a 25 por ciento del total de la pauta publicitaria que esté en una campaña particular a cargo de una dependencia o entidad, salvo que se trate de la producción de los materiales a divulgar.
Cuando se trate de producción de materiales debe privilegiarse su elaboración en medios públicos y, en caso contrario, indicó que se requerirá la validación de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República.
Expuso que las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán elaborar la Estrategia Anual de Comunicación Social y, en su caso, de promoción y publicidad, para efectos de la difusión de mensajes de campañas de comunicación social.
Además, dio a conocer, estas instancias estarán en condiciones de realizar estudios pre-test con la finalidad de conocer el impacto, comprensión y grado de aceptación que pueda tener entre el público objetivo una propuesta de campaña.
De igual manera, deberán publicar en sus portales de transparencia la información relativa al gasto de campañas de comunicación social (proveedor, tipo de medio o servicio, contrato, factura, entidad o dependencia) y estar disponible en formatos abiertos para su utilización, agregó el documento firmado por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.
