El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió categóricamente este domingo que existan indicios de financiamiento ilícito en la organización de Miss Universo, saliendo al paso de las especulaciones tras el escándalo legal que envuelve a Raúl Rocha Cantú, franquiciatario de la marca en México. En conferencia de prensa, el funcionario aseguró: “No tenemos ningún indicio de dinero del crimen organizado en el concurso”, buscando proteger la imagen del evento internacional.
García Harfuch explicó que, si bien la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas carpetas de investigación contra Rocha Cantú y una docena de personas más, estas pesquisas se centran en presuntos delitos de tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos (“huachicol”), actividades completamente separadas de la operación del certamen de belleza. La aclaración busca evitar que el prestigio de la plataforma cultural se vea arrastrado por los problemas legales de sus socios comerciales.
El titular de la SSPC confirmó que existen 13 órdenes de aprehensión giradas en el marco de esta investigación federal, algunas de las cuales ya han sido ejecutadas. Sin embargo, subrayó que Rocha Cantú colabora actualmente con las autoridades bajo la figura de testigo protegido o con criterios de oportunidad, lo que ha permitido avanzar en el desmantelamiento de redes delictivas en la frontera sur, específicamente en operaciones vinculadas con Guatemala.
La polémica estalló justo después de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, evento que generó suspicacias en redes sociales. Harfuch fue enfático al separar la legitimidad del triunfo de la mexicana de los expedientes penales de los empresarios. “Las instituciones de seguridad no litigan en medios ni afectan a terceros ajenos a los hechos delictivos”, puntualizó, cerrando la puerta a teorías de conspiración sobre lavado de dinero en el concurso.
Con esta declaración, el gobierno federal intenta contener el daño reputacional a una franquicia que genera importante derrama económica y turística para el país. La FGR continuará sus diligencias con autonomía técnica, mientras la SSPC garantiza que no habrá impunidad, sin importar el perfil público o empresarial de los involucrados en la trama de delincuencia organizada.
